La Asociación para a Promoción de Actividades de Integración Social en Centros Especiais de Emprego de Galicia (Aspais) advierte de que el proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, aprobado en el Congreso y que ahora irá al Senado, «elimina a más de la mitad de los centros especiales de empleo de Galicia y pone en riesgo a más de 2.000 personas trabajadoras con discapacidad».
El presidente de Aspais, José Ramón Dourado Lema, ha alertado de que esta exclusión «supone un riesgo real para miles de personas trabajadoras con discapacidad», ya que los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial emplean a 2.267 personas en la comunidad.
Dourado ha insistido en que «la prioridad debe ser proteger el empleo de las personas con discapacidad y evitar cualquier discriminación que tenga como base la titularidad de los centros especiales de empleo». Según Aspais, la nueva redacción del artículo 5 de la Ley 5/2011 de Economía Social «limita esa consideración únicamente a los centros de iniciativa social, lo que crea una distinción innecesaria y debilita un sector que tiene como objetivo crear empleo estable y adaptado a las personas con discapacidad».
El presidente de Aspais ha recordado que «solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo, y advierte que cualquier medida que reduzca la capacidad del sector va en contra del interés general y de los principios de inclusión, que deberían guiar las políticas públicas».
Por último, Dourado ha solicitado al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia que abran un proceso de diálogo con el sector «para evitar un daño irreversible y un impacto social que considera innecesarios y profundamente injustos».
