La portavoz socialista de Industria en el Parlamento gallego, Patricia Iglesias, ha vuelto a reclamar este miércoles que se divulgue el contenido del memorandum de entendimiento firmado en 2021 entre Impulsa Galicia y Altri, rubricado «por el presidente de la sociedad, que en ese momento era el conselleiro de Economía, Francisco Conde», y ha avanzado que la formación no descarta «acudir a los tribunales» si no se da a conocer.
Así lo ha dicho durante su intervención en Comisión parlamentaria, donde ha formulado una pregunta sobre las razones de la disolución de la sociedad de colaboración público-privada Impulsa Galicia, así como el calendario de liquidación previsto y ha aprovechado para volver a cuestionar acerca del contenido de este memorandum.
Para la socialista, en este caso «puede existir un grave riesgo para el interés público», si el memorandum «incluye cláusulas de blindaje jurídico para el proyecto de Altri, compromisos económicos o indemnizaciones con cargo a fondos públicos si la iniciativa no prospera».
Más en detalle, se ha preguntado si ese acuerdo puede estar relacionado «con el diseño posterior del marco legal que refuerza los proyectos industriales estratégicos», para «blindarlos con indemnizaciones millonarias si el proyecto se deniega en el plazo de un año desde que la empresa presenta toda la documentación».
Además, Patricia Iglesias ha pedido «transparencia» sobre el proceso de creación y liquidación de Impulsa Galicia, una sociedad que los socialistas consideran «de facto, pública». Así, ha considerado la diputada, «la que iba a ser la gran revolución para atraer proyectos industriales y vehicular los fondos NextGeneration IU» fue «disuelta con nocturnidad y alevosía» cuatro años después de su creación, en agosto de 2025.
SOCIEDAD DEL ÁMBITO PRIVADO
En su respuesta, el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, ha defendido la labor de la Xunta y ha señalado que Impulsa «no es una sociedad pública», si no una entidad que «operaba en el ámbito privado», al tiempo que ha garantizado la «total transparencia» de la tramitación administrativa hecha por el Gobierno gallego.
La decisión de disolución de la entidad, ha añadido Nicolás Vázquez, «fue tomada por la Xunta Xeral el 5 de agosto de 2025» y, para ello, «se tuvo en cuenta», entre otras cosas, «la consecución de los objetivos fundacionales», así como «el fin próximo de los Fondos Next Generation, que impedía que, a estas alturas, otro proyecto tractor tuviese tiempo de ser desarrollado».
Esa fase de liquidación, ha señalado, «se produjo de forma rigurosa y ordenada» y, el pasado 23 diciembre, ha anunciado el secretario xeral, «una Xunta Xeral extraordinaria acordó aprobar el proyecto de liquidación», repartiendo los activos «en relación al porcentaje de los socios».
