El sector pesquero europeo ha enviado una carta al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, en la que reclama a la Comisión Europea la adopción «inmediata» de medidas correctoras «urgentes» ante las graves dificultades que está generando la aplicación del nuevo reglamento de control de la pesca, cuya entrada en vigor progresiva está teniendo consecuencias desproporcionadas para la flota, la cadena comercial y las administraciones nacionales.

De esta organización, representada por Europêche, forman parte la española Cepesca y los principales organismos representativos de los transformadores de pescado, de la acuicultura y de los comerciantes europeos.

Las organizaciones representativas del sector pesquero, transformador, comercializador y acuícola expresan su pleno respaldo a la posición manifestada por los Estados miembros en el último Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, liderado por el Gobierno de España, en el que se alertó de diversos problemas prácticos.

Según el sector, la nueva normativa «está provocando un incremento exponencial de las obligaciones administrativas y operativas, sin una correspondencia con las necesidades reales de control, vulnerando los principios de proporcionalidad, eficacia y eficiencia que deben regir la acción normativa de la Unión Europea».

Entre las principales preocupaciones destacan la obligación de declarar las capturas desde cero kilogramos y la aplicación estricta del margen de tolerancia, que resultan técnicamente imposibles de cumplir en condiciones reales de pesca, especialmente en las pesquerías mixtas y en los buques de menor tamaño.

Esta situación no solo incrementa el riesgo de infracciones involuntarias, sino que también afecta a la seguridad en la navegación, distorsiona los sistemas de análisis de riesgos y puede comprometer el acceso del sector a las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Asimismo, el sector denuncia las graves deficiencias técnicas del sistema CATCH IT, que ya están provocando retrasos, sobrecostes y disrupciones en la cadena de suministro, incluidos incrementos significativos en las tarifas de agentes e intermediarios.

En su configuración actual, el sistema traslada de forma desproporcionada la carga administrativa a los operadores europeos, incluso cuando las autoridades y exportadores de terceros países no están en condiciones de utilizarlo de manera homogénea.

Las organizaciones también alertan de la falta de claridad jurídica en relación con las responsabilidades y la cumplimentación de los certificados de captura, lo que genera inseguridad legal, prácticas desiguales entre Estados miembros y conflictos evitables durante los controles.

Por todo ello, el sector pesquero insta a la CE a adoptar, con carácter urgente, una serie de ajustes técnicos y normativos, entre los que figuran introducir tolerancias razonables para desviaciones inferiores a 100 kilos en la estimación de capturas; evitar que errores técnicos de escasa entidad sean considerados infracciones graves; aplazar la plena implantación del sistema CATCH IT hasta enero de 2027, permitiendo la coexistencia de los sistemas actuales y digitales; retrasar la aplicación de las nuevas obligaciones de trazabilidad digital del artículo 58, especialmente para los productos del capítulo 03, al menos hasta 2029; y garantizar que las nuevas exigencias de información por operación de pesca puedan cumplirse de forma realista y segura.

En el escrito a Kadis, el sector recuerda que una política de control eficaz requiere normas aplicables, sistemas plenamente operativos y administraciones con capacidad técnica suficiente, y subraya que los operadores no pueden asumir las consecuencias de deficiencias técnicas o administrativas ajenas a su responsabilidad.

«Compartimos plenamente el objetivo de luchar contra la pesca ilegal y reforzar la trazabilidad, pero no a costa de la seguridad en la mar, la competitividad del sector ni la viabilidad económica de miles de empresas y empleos», subrayan las organizaciones firmantes.

Para finalizar, el sector pesquero reitera su voluntad de colaboración leal y constructiva con la CE y los Estados miembros para lograr una aplicación del reglamento de control «equilibrada, realista y eficaz», que garantice el cumplimiento de los objetivos sin poner en riesgo el futuro de la pesca y la acuicultura europeas.