El Gobierno central, en una respuesta escrita a una pregunta de senadores gallegos del PP, ha defendido que el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la AP-9 «está plenamente en vigor» y, por tanto, «no procede su rescate».

Los populares habían preguntado por qué descartaba esta opción y poner fin a a los «elevados» peajes y a su concesión, prorrogada en sucesivas ocasiones por gobiernos del PSOE y, en el caso de la actual (vigente hasta 2048), del PP.

En un audio remitido a los medios, el senador José Manuel Balseiro ha cifrado el coste del rescate en 2.356 millones de euros, en base a un informe de la Xunta, y ha indicado que esta cantidad «equivale prácticamente» a lo que el Ministerio asumirá en bonificaciones hasta el final de la concesión. «Continúa el bloqueo de Sánchez a una demanda histórica de Galicia», ha censurado.

Precisamente, la última de estas prórrogas, concedida por un gobierno de José María Aznar, provocó que, en julio de 2025, la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo central para que enmendase las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las AP-66 y AP-9.

En septiembre, el Gobierno remitió una respuesta «amplia», en la que España aportaba las «aclaraciones precisas» y la información justificada». Al respecto, también cuestionado por el PPdeG en una pregunta aparte, el Ejecutivo de Sánchez ha indicado que no el procedimiento de infracción aún no ha concluido, por lo que «la información relativa al mismo está sujeta a confidencialidad».

Al hilo, los populares, en su comunicado, han acusado al Ejecutivo de «falta de transparencia». Además, han apuntado que el PSdeG, junto al PPdeG y al BNG, ha votado a favor en el Parlamento de Galicia de una petición para demandar toda la documentación relativa al expediente de la Comisión y de las comunicaciones mantenidas con este objeto.