El Partido Popular ha aprobado este martes en solitario el proyecto de ley de aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia con las críticas de los grupos de la oposición, que han calificado de «innecesaria» la norma y han advertido de un «intento de privatizar» este «bien público».

En el pleno de la Cámara gallega, la diputada popular Crisitina Romero ha destacado que se trata de un «proyecto de ley pionero». «Galicia es la primera comunidad que regula un aprovechamiento de las aguas termales distinto al terapéutico», ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que la nueva norma permite «acabar con el vacío legal» que existe en la actualidad al tiempo que impulsa el sector, garantiza la higiene de las instalaciones y preserva el medio ambiente.

Además, la parlamentaria popular ha asegurado haber hecho un «esfuerzo» por introducir «el mayor número de enmiendas» posible de las formuladas de la oposición para valorar su trabajo «incluso sabiendo que por muchas que aceptasen nunca se iban a sentir satisfechos».

Con este objetivo, según ha apuntado, el PPdeG incorporó al dictamen aprobado 16 enmiendas del BNG y nueve del PSdeG. Por su parte, en la sesión plenaria de este martes votó en contra de las que aún mantenía vivas la oposición.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, la portavoz de Industria del Grupo Socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, ha lamentado la «visión reduccionista» y «estrecha» del sector por parte de esta norma presentada por la Xunta y ha justificado el rechazo de su grupo por considerar que «no contribuye a promover el desarrollo económico y social» de Galicia.

Rodríguez Rumbo ha acusado al Gobierno gallego de renunciar a la «necesaria implicación de los ayuntamientos termales», que «no ven reflejada su diversa problemática» en un texto que «tampoco define los parámetros para garantizar la calidad de las aguas», así como «tampoco los medios para su control».

«Incluye una discutible regulación sobre las concesiones y deja sin regular los planes turísticos o las cuestiones higiénico-sanitarias», ha censurado.

Por su parte, la diputada Ánxeles Cuña (Común da Esquerda) también ha mostrado el rechazo de su grupo a esta norma por considerarla «innecesaria y favorecedora de los intereses de las empresas afines al PP».

La parlamentaria ha criticado que la prioridad política del Partido Popular es «favorecer a estas empresas para que obtengan beneficios privados a través de un bien público, perjudicando el interés general».

«Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables constituyen un recurso unitario subordinado al interés general que forma parte del dominio público estatal», ha asegurado.

«NO RESUELVE LOS PROBLEMAS»

Por su parte, la nacionalista Noa Presas ha recordado que el BNG se opuso inicialmente a este proyecto de ley, a través de una enmienda a la totalidad, al entender que «no estaba a la altura de las circunstancias» y que tampoco «resolvía los problemas existentes» ni «sienta las bases para resolver los retos de futuro».

«No tuvimos éxito y, una vez más, el PP prefirió seguir con su hoja de ruta», ha lamentado la diputada del Bloque, que ha considerado que el texto presentado por los populares se fundamenta más «en brindis al sol y elucubraciones» que en «estudios reales» y «consenso».

En esta línea, tras definirla como «un refrito de la ley de balnearios y de la ley de minas», ha asegurado que, a través de las 68 enmiendas parciales presentadas, su formación intentó «hacer aportaciones» para potencial la «función social» de estas aguas y el «termalismo como bien público», entre otras cuestiones.

«Lo que concluimos es que tanta aceptación del volumen de enmiendas confirman que la ley no llegaba con el perfeccionamiento adecuado», ha manifestado la nacionalista, que ha criticado también que la ley nazca «huérfana de presupuesto».

Por último, el diputado del Grupo Mixto, Pancho Casal (En Marea), ha asegurado que su formación «no está de acuerdo» como cómo se diferenciaron los «usos terapéuticos de balneario» de los lúdicos.

«Consideramos que hay un intento de privatización de un bien público, como son las aguas termales, y de la anulación de las competencias municipales. Es decir, aguas lúdicas y termales pero para quien las pueda pagar», ha censurado.

Así, ha señalado que En Marea está a favor de «dar seguridad jurídica» a las iniciativas privadas pero rechaza «dar barra libre» y «muchos menos privilegios» a entidades privadas en una especie de «privatización encubierta». Por ello, ha subrayado que todo lo defendido por En Marea en sus enmiendas es «compatible» con el desarrollo del sector.