La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido del aumento del déficit de plazas residenciales. Según las estimaciones de la entidad, son necesarias más de 50.000 plazas más para atender la demanda actual de personas con dependencia severa y gran depedencia y casi 100.000 para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años.
Así lo refleja un informe que analiza la ‘Situación y evolución de llos servicios residenciales para personas mayores en España y en cada una de las comunidades autónomas’ en el periodo 2010-2024, que apunta a que Galicia tenía 25.017 plazas residenciales para personas mayores en centros públicos y privados en 2024, lo que supone un déficit de 11.509 plazas para cumplir la ratio de 5 plazas por cada 100 personas de más de 65 años.
Pese al déficit, la ocupación media de las plazas residenciales en Galicia se situó en el 76,1%, por debajo de la media del conjunto de España (82,4%). Asimismo, cada residencia tenía de un tamaño medio de 78,5 plazas, por encima del estatal (73,5).
La Consellería de Política Social ha indicado, ante el informe, que el dato sobre el déficit de plazas residenciales en Galicia «se basa en una ratio de cinco camas por cada 100 mayores de 65 años que no es válida para la Organización Mundial da Saúde (OMS), que insta a cada territorio a tener en cuenta las características «propias» y apuesta «por la desinstitucionalización de los cuidados».
Además, el departamento de la Xunta incide en que, en el caso de Galicia «hay que valorar el envejecimiento de la población y que la mayoría de las personas mayores prefieren ser atentidas en casa». Para atender a esa preferencia, señala que apuesta por servicios y programas como el SAF o ‘Xantar na Casa’ y que ha implantado otros como el ‘Bono Coidado no Fogar’, que, dos años después de su entrada en vigor, cuenta ya con más de 38.400 personas beneficiadas.
En todo caso, la Consellería añade que el informe apunta que Galicia «supera las 19.000 plazas de residencias públicas, más del triple que en 2009». Una cifra, concluye, «que sigue aumentando gracias a los siete centros impulsados por la Fundación Amancio Ortega (900 prazas), las nuevas residencias de O Barbanza y Antas de Ulla (150 prazas), las plazas creadas con el ‘Plan de investimentos en centros municipais’ (560 plazas) y las 1.800 plazas de las 24 nuevas residencias proyectadas por la Xunta en toda la comunidad».
DATOS ESTATALES
En el conjunto estatal, según el informe de los directores de Servicios Sociales, la ocupación total de centros residenciales alcanza el 82,4% de las plazas existentes. Un total de 339.655 personas viven en residencias, 62.634 más que el año anterior (+15,9%). En los cuatro años posteriores a la pandemia, las plazas residenciales han aumentado en 23.075, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 800.000 personas.
Según los últimos datos oficiales, 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III de dependencia están en lista de espera para una plaza de residencia, más otros 57.091 personas que están pendientes de valoración y que previsiblemente obtendrán uno de esos grados.
Si se aplica el porcentaje de personas atendidas en residencias (34% de grado III y 21% de grado II) la demanda actual de un servicio residencial en plaza concertada o prestación vinculada sería de 32.241 personas en situación de dependencia severa o gran dependencia. Además, hay 6.652 programas individuales de atención (PIAS) no efectivos de residencias y 12.070 PIAS no efectivos para prestaciones vinculadas para residencias. A estos datos hay que añadir las revisiones de grado solicitadas por empeoramiento. «De ahí la estimación de que serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia», ha argumentado la entidad de directores y gerentes.
CCAA CON MÁS DEMANDA
Las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%). Mientras que en siete comunidades hay un exceso de plazas, entre las que destaca Castilla y León, con 16.712, y, en otras cinco hay una ocupación casi completa de sus plazas residenciales con porcentajes superiores al 95% –Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid–.
En opinión de la asociación, estos datos sugieren «una inadecuada distribución de sus plazas residenciales o un elevado coste de las mismas que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan, como Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana».
Respecto la tipología de las plazas residenciales, el 71,1% de las destinads a personas mayores son de financiación pública –un total de 292.986–, frente a las 119.123 exclusivamente privadas. Las plazas de financiación pública incluyen aquellas que están en centros públicos, las concertadas en centros privados las que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha, aunque por debajo de la ratio de cinco plazas. Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón y las que menos son Canarias, Murcia y Valencia.
Respecto a la estrategia del Ministerio de Derechos Sociales para desinstitucionalizar los cuidados de las personas dependientes, los directores y gerentes han lamentado que no se haya dado pasos en este sentido. Como ejemplo, ha mencionado los «datos tan pobres y la escasa evolución de los últimos años» de la cobertura de la asistencia domiciliaria. La media de horas de atención y cuidados alcanza 23,8 mensuales, «ni siquiera tres horas más que en el año 2012».
