El Ministerio de Igualdad incrementará la coordinación con comunidades autónomas con mayor número de asesinatos machistas y ha pedido a entornos que denuncien si conocen algún caso de violencia de género.
Así lo han puesto de manifiesto desde el departamento que dirige Ana Redondo en un informe elaborado tras el comité de crisis celebrado la pasada semana para analizar los asesinatos machistas de los meses de noviembre y diciembre de 2025 y un caso de septiembre.
En este sentido, el documento recoge la necesidad de una mayor coordinación multidisciplinar y multinivel, tanto institucional, como territorial. De hecho, indica que el Ministerio de Igualdad establecerá un mecanismo de coordinación con las comunidades donde haya un repunte de los casos para estudiarlos y establecer posibles mejoras.
Asimismo, insta a las comunidades autónomas y a las entidades locales a reforzar el abordaje interseccional de los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista «para afrontar las diversas vulnerabilidades que hacen que a muchas mujeres les resulte más complicado escapar de la violencia o que eleva el riesgo de sufrir violencia grave».
También insiste en la necesidad de denunciar las situaciones de violencia, no solo por parte de las víctimas, sino también de los entornos. De los 11 casos analizados en ese comité, en dos de ellos existía una denuncia previa y una fue instada de oficio por parte del cuerpo policial en virtud del protocolo cero.
Igualmente, refleja que cuando los casos de violencia de género son conocidos por el sistema policial, judicial e institucional, aumentan para la víctima las posibilidades de salir de la violencia y se reduce el riesgo de asesinato. Además, recuerda a la sociedad la obligación a denunciar cuando conozcan hechos delictivos de violencia de género. «No denunciar o no auxiliar a una víctima puede constituir un delito», recalca.
De la misma manera, pide a las comunidades autónomas y a las entidades locales trabajar con las asociaciones de migrantes para que las mujeres conozcan de primera mano todos los recursos disponibles, con el objetivo de asegurar que ninguna se queda fuera del sistema.
De los 11 casos analizados en el comité, cinco víctimas eran mujeres de nacionalidad extranjera y todas tenían hijos a su cargo. Ello apunta Igualdad que añade «otro factor más de vulnerabilidad, al no poder salir de la situación de violencia por temor a las consecuencias que esto pudiera conllevar para sus hijos o hijas».
En esta misma línea, destaca que de que cinco de esos 11 asesinatos se produjeron en la fase de ruptura, además tres de esas cinco parejas continuaban conviviendo. Así, el Ministerio de Igualdad llama a prestar «especial atención» a las parejas en fase de ruptura de la relación, principalmente si continúa la convivencia, por ser uno de los periodos de «mayor riesgo».
Por otro lado, el informe revela que el suicidio y la depresión, tanto en las víctimas como en los agresores, son dos elementos que han de tenerse en cuenta como indicadores en las valoraciones de riesgo para los casos de violencia de género.
IGUALDAD TRABAJA CON SANIDAD EN UN ESTUDIO SOBRE SUICIDIO
En tres de los 11 casos analizados en el pasado comité, el agresor se suicidó y en concreto en dos de los casos hubo tentativa de suicidio. En ese sentido, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que trabaja con el Ministerio de Sanidad en materia de suicidio, salud mental y violencia de género, está elaborando un estudio sobre suicidio que esperan que contribuya a mejorar la detección y la prevención de los casos en los que interviene la salud mental, específicamente la depresión.
Finalmente, el documento expone que en tres de los asesinatos analizados las víctimas eran mujeres plurivictimadas y con multiagresores, por lo que propone mejorar la formación en la detección de estos casos, tanto en el ámbito sanitario como social, para poder ayudar a las víctimas.

