El año 2025 ha estado marcado en materia de violencia machista por las nuevas competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, por la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género o por la aprobación por parte del Gobierno de un anteproyecto de ley de medidas contra la violencia vicaria. Si bien, no ha estado exento de polémicas, como la ocurrida con las pulseras telemáticas para maltratadores.

En este sentido, la Fiscalía del Estado alertó este año en su memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores.

Desde el Ministerio de Igualdad aseguraron en septiembre que las «incidencias técnicas puntuales» que se produjeron en los dispositivos fue como consecuencia de la migración de datos en el momento de cambio de adjudicatario del servicio. Además, afirmaron que «fueron solventadas».

«La memoria de la Fiscalía de 2025, que contempla esta incidencia, recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación a su publicación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia», defendió el departamento que dirige Ana Redondo.

El Ministerio de Igualdad también recalcó en diferentes ocasiones que las víctimas siempre habían estado protegidas. Después de lo sucedido, Redondo encargó una auditoría externa y otra interna para investigar lo sucedido.

Asimismo, en el mes de noviembre, el sistema volvió a sufrir una incidencia que obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias. «Tras evaluar todas las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta», apuntó.

Por otro lado, este 2025 el Congreso aprobó en febrero la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el apoyo de todos los grupos menos Vox. Este cuenta con 461 medidas, de las que se ha iniciado la ejecución de 235.

Entre las medidas que recoge el Pacto destaca el Anteproyecto de Ley Orgánica de violencia vicaria, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre. Recoge tipificar la violencia vicaria como delito autónomo con agravante de género y contempla penas de hasta tres años de prisión.

La norma también incorpora al Código Penal una nueva pena que consiste en la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido.

Este 2025 también ha estado marcado por las nuevas competencias de los Juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer, que, a partir de octubre, asumieron los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer. Hasta ese momento solo entendían de la que se conoce como violencia de género, la que ejercen los hombres contra sus parejas o exparejas.

Así lo marcó la entrada en vigor del precepto contenido en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la Unión Europea en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer.

Para atender a esta carga de trabajo (del 12,9% de media según el Consejo General del Poder Judicial), el Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento de la plantilla de jueces de violencia del 42%.

La asunción de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se produjo después de la advertencia de «colapso» de los jueces, que aseguraron que la labor sería «inasumible».

En esta línea, magistrados de Violencia sobre la Mujer han alertado en diferentes ocasiones de las «nefastas consecuencias» que podían derivarse de la ampliación de la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer.

«Advertimos que esto suponía una sobrecarga del 20% en Juzgados ya saturados sin medios suficientes ni refuerzos; señalamos que la entrada en vigor de esa nueva competencia sería el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de que los Tribunales de Instancia estuvieran operativos, y alertamos de que esta ‘reforma a coste cero’ vulneraba los compromisos del Convenio de Estambul y ponía en riesgo la atención integral que merecen las víctimas», apuntaron.

También consideraron que la respuesta que se dará a las víctimas será «más lenta, menos cercana, y mucho más estandarizada», lo «contrario» a lo que pretende el Ejecutivo.

RETOS PENDIENTES PARA 2026

De cara a 2026, el avance real en materia de violencia machista exigirá abordar varios retos legislativos y de implementación que continúan abiertos. Uno de los principales es la aprobación de una ley integral contra la trata. Según aseguró Redondo en un encuentro con medios en diciembre, los problemas derivados de los contextos internacionales y de las «complejidades internacionales» son «los más complicados» y los que están llevando «más tiempo» para desarrollar el texto.

«Es un texto complejo porque hace referencia a la trata no solo por motivos de explotación sexual sino a todo tipo de trata y por lo tanto hay que perfilar y se plantea un texto muy completo, muy transversal y complejo», argumentó.

Otro debate que previsiblemente marcará la agenda del próximo año es el relativo a la abolición de la prostitución. En este punto, el recorrido político se prevé especialmente complejo: una ley abolicionista no figura actualmente ni en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni en el acuerdo de Gobierno con Sumar, lo que dificulta su tramitación en un escenario parlamentario fragmentado.

También está pendiente la tramitación y desarrollo de una ley específica sobre violencia económica que ayude a las mujeres a encontrar un «empleo digno» y una solución habitacional. «No es fácil porque ahí nos encontraremos también con dificultades en relación con otros ministerios. Todo lo que es igualdad es muy transversal y esa es una dificultad añadida», afirmó Redondo en el mismo encuentro para añadir que es la última de las leyes que tiene en cartera y que «va a costar».