El Partido Popular de Lugo anunció que en los próximos plenos de la Diputación de Lugo, del Ayuntamiento de Lugo y del Ayuntamiento de Monforte de Lemos presentará diferentes mociones para reprobar a José Tomé Roca y exigir responsabilidades políticas «acordes con los gravísimos hechos y las denuncias por presunto acoso sexual».

De esta forma, las iniciativas serán defendidas por Elena Candia, Antonio Ameijide y Katy Varela, portavoces del PP en las respectivas instituciones.

Los populares critican la actitud del PSOE y del BNG por permitir que Tomé continúe «aferrado a sus cargos», lo que, a su juicio, supone una renuncia a los principios que ambos partidos dicen defender.

En este sentido, consideran que se trata de una situación sin precedentes en la provincia, «que exige explicaciones claras, transparencia y una respuesta institucional firme».

El PP de Lugo expresa su apoyo y solidaridad con las denunciantes y reclaman que los hechos se investiguen hasta las últimas consecuencias, tanto en el ámbito judicial como en el político.

Así, advierten de que cualquier intento de minimizar u ocultar este tipo de situaciones lanza un mensaje negativo en la lucha contra la violencia de género y daña gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Los populares se preguntan qué pueden pensar las mujeres del PSOE al ver que una persona acusada de varios casos de presunto acoso sexual continúa en el cargo, y sostienen que el BNG «tendrá ahora la oportunidad de demostrar si sigue respaldando esta situación o si decide posicionarse del lado de las víctimas».

En la Diputación de Lugo y en el Ayuntamiento de Lugo, el PP solicitará la reprobación de José Tomé y de los responsables socialistas que, «según diversas informaciones, conocieron las denuncias y no actuaron».

En Monforte de Lemos, el Grupo Municipal Popular pedirá directamente la dimisión de Tomé como alcalde, al considerar que «la gravedad de los hechos denunciados es incompatible con cualquier responsabilidad institucional».

El PP recordó que «asumir responsabilidades políticas no implica una condena judicial, sino una exigencia ética y democrática para preservar la dignidad de las instituciones y el respeto a las víctimas».