El Gobierno está trabajando en la elaboración de un marco de referencia de coordinación sociosanitaria, que proponga una «definición compartida de principios, valores y ejes estratégicos» para desarrollar la ‘Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización’.

Así lo revela el Ejecutivo en una respuesta a una pregunta escrita del Partido Popular sobre si tiene previsto materializar alguna medida para «mejorar la coordinación entre niveles sanitarios, sistema educativo y servicios sociales, para que ningún niño o adolescente quede fuera de la red de apoyo», tal y como han solicitado la Organización Médica Colegial y la Asociación Española de Pediatría, en materia de salud mental.

«En desarrollo de dicha Estrategia, se está trabajando en la elaboración de un marco de referencia de coordinación sociosanitaria, que proponga una definición compartida de principios, valores y ejes estratégicos sobre los que las comunidades autónomas pueden avanzar para evolucionar y desarrollar su modelo actual», explica.

En concreto, señala que esta Estrategia propone fortalecer esa coordinación para avanzar hacia una atención integrada a través de diferentes medidas.

Así, destaca dos líneas de actuación, el refuerzo de la capacidad de detección de los sistemas de protección ante situaciones de riesgo de desprotección de niños y riesgo de institucionalización de personas con discapacidad, mayores y personas sin hogar; y la coordinación de recursos y disponibilidad de procedimientos que permitan una rápida articulación de respuestas centradas en la persona ante situaciones de riesgo de institucionalización.

Según el Gobierno, «la falta de una adecuada relación entre servicios sociales y sanitarios repercute negativamente tanto en las personas como en la eficiencia del sistema».

Por ello, explica que la creación de un marco de referencia en coordinación sociosanitaria persigue: «Mejorar el acceso equitativo a los servicios; reducir la fragmentación y la duplicidad de esfuerzos; favorecer la continuidad de apoyos y cuidados; optimizar el uso e impacto de los recursos públicos disponibles, y ofrecer una atención centrada en la persona y libre de violencia administrativa».

«Su objetivo no es plantear una planificación operativa cerrada, ya que su implementación dependerá de las administraciones competentes en materia social y sanitaria en cada comunidad autónoma, que deberán adaptarlo a las características y necesidades de su territorio», puntualiza.

Además, apunta que la coordinación sociosanitaria se encuentra presente en la ‘Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030’ así como en la ‘Estrategia Nacional para la lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030’.

En todo caso, el Gobierno advierte en su respuesta de que «corresponde a las comunidades autónomas, competentes en la atención sanitaria y la atención social, establecer la coordinación entre ambas».