El Ministerio de Ambiente y Energía de Portugal ha solicitado explicaciones al Gobierno español sobre los «potenciales impactos transfronterizos» que la explotación de la mina ‘San Juan’, en A Gudiña (Ourese), pueda generar también en el territorio luso.

Según ha señalado Ecoloxistas en Acción, esta mina está «a tan solo dos kilómetros» de la frontera con Portugal y representa una «amenaza» para el Parque Natural de Montesinho.

La preocupación fue trasladada al Gobierno luso por un grupo de diputados del país durante una sesión en la Asamblea de la República el mes pasado. Ante las preguntas formuladas por los parlamentarios, Ambiente y Energía ha contestado que «no ha sido notificado» del desarrollo del proyecto de explotación de wolframio en A Gudiña.

Además, el departamento estatal ha señalado que a través de sus órganos envió una carta a las autoridades españolas con el objetivo de obtener información sobre el proyecto y ha manifestado su interés en participar en el proceso de evaluación de impacto ambiental para minimizar las consecuencias transfronterizas.

En cualquier caso, Ecoloxistas en Acción y el Movimento Uivo han trasladado que vienen denunciando el proyecto ante las autoridades de Portugal al señalar que la apertura de la mina tendría «impactos severos» sobre el Río Rabaçal, al que aseguran que está previsto verter aguas con altas concentraciones de metales pesados «sin ningún tipo de tratamiento».

Asimismo, los ecologistas han denunciado que la empresa sueca Eurobattery Minerals ha empezado a operar, aunque la mina cuente con «permisos caducados».

EL PROYECTO

Los ecologistas insisten en que esta empresa sueca ha estado desarrollando en las últimas semanas una «intensa campaña» de propaganda en la que promete crear 130 empleos, una cifra que es «12 veces mayor» que los puestos que en realidad se crearán.

La entidad ha informado de que Eurobattery pretende presentar el proyecto de minería de A Gudiña a la convocatoria de la Comisión Europea de proyectos estratégicos europeos, que cierra en enero de 2026.

Para los ecologistas, esta «maniobra» podría significar plazos acelerados para conseguir autorizaciones y a «pasar por encima» de la legislación en materia de aguas y espacios protegidos.

Así las cosas, Ecoloxistas en Acción ha indicado que «ya está trabajando con eurodiputadas de los dos países para colocar estos antecedentes en conocimiento de las autoridades portuguesas».

«No permitiremos que una mina totalmente ilegal utilice la artimaña de los proyectos estratégicos europeos para operar al margen de las obligaciones que establece la legislación europea y convenios internacionales», ha subrayado Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción.