Expertos se han reunido este viernes con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, para trasladar resultados y directrices en base al análisis de las causas del descenso demográfico en Ourense, tras haber detectado una evolución «desfavorable» en el noroeste peninsular en los últimos 25 años.

En concreto, tal y como ha trasladado Santos, estos grupos de trabajo «son decisivos en la estrategia del Gobierno» para «enfrentarse y resolver los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía», y ha señalado que estos expertos investigan las causas de la despoblación en las provincias de Lugo, Ourense, León, Zamora y Palencia, en las que las caídas fueron «superiores al 10%», así como en Asturias y Salamanca, «entre el 6 y el 10%», desde el 2001 hasta el 2024.

Así, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría General para el Reto Demográfico, está trabajando en el Plan Estatal «país de los 30 minutos», así como en un nuevo Observatorio y una Nueva Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico.

En esta línea, la Subdelegación ha destacado que este grupo de expertos busca «mobilizar el conocimiento sobre el territorio y sobre los procesos que intervienen en las condiciones del descenso», y se encuentra conformado por el catedrático en Sociología de la UNED Luis Camarero, el profesor de Sociología de la UNED Julio del Pino, la doctora de Ingeniería Agrónoma por la USC Inés Sante, el profesor titular de Produción Vexetal de la USC Emilio Díaz, la catedrática de la Universidad de Valladolid Milagros Alario, y el catedrático de la Universidad de Salamanca, Ignacio Plaza.

Asimismo, Santos ha explicado que el «estudio exhaustivo» de los fenómenos implicados en la disminución de la población «contribuirá a establecer soluciones», a través la «realización de un diagnóstico de las áreas rurales» del noroeste de España, así como la «formulación de directrices de utilidad» en políticas públicas, para «mejorar las condiciones de vida» y «favorecer la atracción y el arraigo».