La corporación municipal de Santiago ha dado luz verde, con la unanimidad de partidos representados, al traspaso de la Unidad Municipal de Atención a la Drogodependencia (UMAD) al Servizo Galego de Saúde (Sergas), que se efectuará a partir del 1 de enero, al igual que en el resto de ayuntamientos.

Pese a que todas las formaciones políticas han dado su voto a favor en la sesión extraordinaria celebrada este miércoles, el debate sobre el traspaso ha transcurrido entre críticas de la oposición acerca de la manera en la que este se ha producido y en el que la «falta» de información y comunicación fue la principal queja.

Yolanda Otero (PP), Marta Abal (PSOE) y la no adscrita Marta Álvarez se han hecho eco en sus respectivas intervenciones de las reclamaciones que personal de la UMAD denunción en un comunicado, en el que alegaban no tener «concrección formal» del traslado ni de sus condiciones laborales ni la «garantía» de que se mantenga el emplazamaiento actual del servicio.

Este proceso de traspaso de funciones, que la normativa otorga a la Xunta, ha sido abordado en una comisión mixta entre la Administración autonómica y local, creada en 2022 y en la que la Fegamp tomó un papel de coordinación.

La edila hasta ahora responsable de la UMAD, Pilar Lueiro, que reconoció que el proceso se «precipitó» en la parte final, ha detallado que se transferirá al Sergas todo el personal fijo sanitario adscrito a las unidades asistenciales de drogodependencias y a aquel no sanitario que dedique la totalidad de su jornada a tareas propias de la unidad.

«El acuerdo garantiza que el personal se transfiere en las mismas condiciones que tiene en la actualidad», ha asegurado la edila, que sostiene que fue ella misma quien, en cuanto tuvo la información completa del traspaso, se la trasladó a los trabajadores.

En el caso de Santiago, el equipo asistencial está diferenciado del de prevención, una función que sí corresponde al municipio. De este modo, se transfieren 12 puestos, cuatro de ellos vacantes para los efectos del cuadro personal; y quedan sin transferirse dos plazas de titulados en Psicología (parte de la unidad de prevención) ni los dos puestos de administración general.

En cuanto a las dependencias, debido al plazo «estrecho» –ha justificado Lueiro–, no se ha permitido completar el expediente de cesión del uso de las instalaciones donde se presta el servicio, por el que se hará una adscrición provisional cuyos términos exactos no están aún cerrados.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha agradecido a los trabajadores de la UMAD por su labor desempeñada, ha celebrado que esta «reclamación histórica» vaya a ser una realidad. Aunque ha pedido disculpas porque parte del proceso sucediese «demasiado rápido», ha insistido en que los tiempos vinieron determinados por la comisión mixta y que la situación fue «apurada» en su tramo final para otros ayuntamientos.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Entre las críticas, se ha repetido entre la oposición que el momento «histórico» ha quedado opacado por el proceso. Por ejemplo, Yolanda Otero (PP) ha opinado que este calificativo quedó «menguado» y que, finalmente, ha sido un «hito envuelto en la polémica». A su juicio, ha evidenciado «carencias» en la comunicación de cara al personal y un «problema de diálogo» con la Fegamp.

De un modo similar, la concejala no adscrita Marta Álvarez ha descrito el proceso como «atropellado y mal gestionado» y considera que no ha sido el «correcto» de cara al personal.

Marta Abal (PSOE) ha atacado a la capacidad de gestión del Ayuntamiento en el día, que considera que «les sobrepasa» y también ha aludido al «fallo» en la comunicación. Así, ha instado a que en esta misma jornada se notifique a los implicados el traspaso y la situación administrativa que regirán a partir del 1 de enero.