La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida comúnmente como ‘banco malo’, ha lanzado una licitación para buscar una empresa que le ayude a certificar que unos 12.000 activos inmobiliarios (tanto viviendas como suelos) cumplen con los requisitos exigidos para ser traspasados al parque público de alquiler asequible, que se gestionará a través de Sepes, reconvertida ahora en Casa 47.

Este proceso se enmarca en los planes que tiene el Gobierno para impulsar un parque público de viviendas en alquiler a precios asequibles. Una de las vías que está utilizando es la incorporación de activos que gestiona la Sareb. Por el momento, se han identificado 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos que pueden ser incorporados al parque público, con un valor de mercado actual de unos 5.900 millones de euros. En total, estos activos tendrían capacidad de albergar más de 55.000 viviendas.

Sin embargo, para incorporar viviendas de Sareb, el pasado verano el Consejo de Ministros fijó una serie de criterios que incluyen requisitos geográficos (que estén localizadas en ciertas áreas y municipios) y económicos (siguiendo un requisito de metro cuadrado y valor de tasación). También requisitos técnicos que, en el caso de las viviendas, es que los edificios y los propios hogares no tengan «patologías estructurales» o que tengan condiciones de habitabilidad adecuadas.

Así, en su licitación, Sareb justifica que no cuenta con los medios, los recursos ni las acreditaciones profesionales para certificar el cumplimiento de los requisitos de forma directa «en los plazos y con el alcance previsto».

Además, subraya que la licitación se fundamenta en la «necesidad de atender» el requerimiento realizado por Sepes –que se va a transformar en Casa 47, según ha anunciado recientemente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez– de la entrega de la documentación que certifique que los inmuebles a traspasar por Sareb cumplen con los requisitos dispuestos por el Consejo de Ministros.

El ‘banco malo’ explica en los pliegos de la licitación que el servicio se prestará «únicamente» cuando la propia Sareb o sus servicers (Aliseda/Anticipa e Hipoges) lo soliciten específicamente y que los activos para certificar estarán identificados previamente en un perímetro que se proporcionará y detallará. Sin embargo, especifica que el servicio sobre ese inventario será por encargo de forma individual a cada activo o grupo de activos pertenecientes a una promoción.

También señala que el perímetro sobre el que llevará a cabo esta certificación será aproximadamente de 12.000 activos repartidos por toda España, si bien podría variar en función de la estrategia de Sareb.

La empresa que resulte adjudicataria deberá visitar todos los activos de cada inmueble (incluyendo garaje, vivienda y trastero) y zonas comunes. En el caso de los suelos, la compañía también deberá realizar visitar para confirmar el estado, la necesidad de limpieza, vallado, posibles ocupaciones o edificaciones existentes.

Tras realizar los controles, la empresa deberá emitir un informe de certificación de calidad que incluya, entre otros elementos, un ‘check list’ con los requisitos revisados, evidencia fotográfica de la visita o un informe, en los casos que sea necesario, que recoja las incidencias que impiden la certificación y traspaso del activo, entre otros elementos.

Para cada activo encargado, la empresa dispondrá de un máximo de 20 días hábiles, contados a partir del momento en que el encargo se haya notificado formalmente. Se podrá ampliar por un máximo de 10 días hábiles si se detectan en la visita inicial aspectos que impidan la certificación del activo. Además, Sareb incluye la posibilidad de ampliar los plazos cinco días naturales más por causas no imputables a la empresa adjudicataria.

El valor del contrato asciende a 4,4 millones de euros, incluyendo IVA. El plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 17 de diciembre a las 10.00 horas.