El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha advertido este jueves de que, si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita, esta dejará de prestar otras funciones «que no sean de competencia autonómica» y ha apuntado, por ejemplo, a la protección de víctimas de violencia machista.

Así lo ha transmitido en declaraciones a los medios y así lo han trasladado representantes del Ejecutivo autonómico a cargos del Gobierno central en un ecuentro mantenido en la pasada jornada, en el que no se lograron limar las diferencias que hay entre ambas administraciones.

Así, Calvo ha ratificado la «preocupación» de la Xunta ante la «falta de voluntad» que ve en el Gobierno en relación a alcanzar un acuerdo que permita cubrir la plantilla de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), actualmente con 338 agentes.

Una «falta de diálogo» que, ha lamentado, «imposibilita avanzar en la firma de un nuevo convenio para cubrir las plazas pendientes y completar la plantilla de 500 agentes, poniendo en peligro a prestación de los servicios».

Diego Calvo ha explicado que, en un encuentro en el que participó el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, se comunicó a los representantes del Gobierno central «la total disposición de la Xunta para avanzar en las negociaciones y conseguir un acuerdo avalado por ambas partes».

Pero, después de haber retirado ya agendes de sedes institucionales como el Parlamento y San Caetano, también se advirtió que, «ante la bajada de efectivos, no es posible garantizar la prestación de servicios que no son competencia autonómica» y, por lo tanto, «deberá hacerse cargo de ellos el Ministerio del Interior, como autoridad competente».

Es el caso de la protección en situaciones de violencia machista, servicio, remarca la Xunta, «de competencia exclusivamente estatal y en el que la Xunta coopera desde 2016, en base a un acuerdo de colaboración». Las Policías adscritas de otras comunidades, recalca la Administración gallega, no prestan esta protección como se hace en Galicia.

«MOTIVOS MÁS QUE SUFICIENTES»

Dada la coyuntura, el Gobierno gallego cree que el Ejecutivo estatal tiene «motivos más que suficientes para llegar a un acuerdo consensuado con la Xunta, dado que está colaborando con servicios que corresponden al Estado».

El Gobierno gallego espera que el Ministerio del Interior reflexione y haya diálogo para avanzar en las negociaciones. En este sentido, el conselleiro ha insistido en que no es voluntad de la Xunta que la UPA reduzca funciones, pero ha insistido en que, si no hay abances, habrá que hacerlo.

Mientras que el Gobierno defiende una cofinanciación al 50%, la Xunta ha planteado una vía «intermedia» que consiste en que las condiciones vigentes continúen para los efectivos actuales, y las nóminas correspondientes a la cobertura de las nuevas plazas se asuman según las condiciones del Ministerio.

Estos ya fueron los términos trasladados al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado mes de febrero, en un encuentro en el que participaron tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el propio conselleiro de Presidencia, pero el Gobierno gallego se queja de que no hubo un pronunciamiento al respecto por parte del Ejecutivo estatal.

Actualmente, el Estado paga los salarios y la comunidad la productividad de los policías y resto de costes de funcionamiento de la unidad policial, mientras que ahora se exige asumir las nóminas al 50% y que los gastos de funcionamiento sigan corriendo a cuenta de la Xunta, lo que supone, según denuncia la Xunta, «multiplicar por tres el presupuesto autonómico destinado a la UPA».

«NO SE HACE DE UN DÍA PARA OTRO»

A preguntas de los medios sobre cómo se actuaría en el caso de retirar agentes de las labores de protección a víctimas de violencia machista, Calvo ha indicado que tal renuncia no se haría «de un día para otro». «Si es necesario renunciar a más funciones lo haremos en tiempo y forma; lo que no podemos es prestar un servicio sin garantizar la calidad del mismo», ha agregado.

«El ministerio dijo que le iba a dar una vuelta y espero que podamos llegar a un acuerdo», ha continuado, antes de recordar que, en el caso de la protección ante violencia machista, la UPA solo efectúa esta tarea en las ciudades, donde se tendría que encargar la Policía Nacional.

De hacerlo, «no será cosa de un día para otra», sino que se hará con un plazo que permita al Ministerio poder «organizar sus funciones» y que las víctimas «no queden sin protección».

«Somos la única comunidad que ejercía esa función, pero si por la merma de efectivos no podemos hacerlo con calidad, renunciaremos a esa función extra. Será en el plazo necesario, hablaremos con varios meses para que se puedan adaptar», ha zanjado.