El Gobierno gallego ha aprobado el Plan especial de protección civil ante el riesgo de terremotos en Galicia (Sismigal), con el que se actualiza el documento que había sido aprobado en 2009 para «adaptarlo a la nueva normativa y a la estructura de los planes especiales autonómicos».

Previamente, según indica la Xunta, el documento fue informado de manera favorable por la Comisión Galega de Protección Civil y por el Consejo Nacional de Protección Civil. Tras su aprobación, será publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) su entrada en vigor.

El Sismigal comprende un conjunto de normas que constituyen el sistema y dispositivo de respuesta y actuación frente a cualquier situación de emergencia provocada por terremotos.

De este modo, establece la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad le corresponda a la comunidad, y los que pueden ser asignados por otras administraciones o pertenecientes a actividades públicas o privadas.

El objetivo es «conocer el riesgo sísmico» en el ámbito territorial de Galicia y «aumentar la resiliencia de la población afectada». En esta línea, se establecen las actuaciones que permitan disponer de medios de evacuación, de lugares de alojamiento para personas evacuadas, de medios de asistencia sanitaria y de mecanismos de restauración de las vías de comunicación afectadas.

Además, se añade la definición de vías alternativas de comunicación, el mantenimiento y restablecimiento de los servicios básicos, como el agua, luz, el teléfono o la alimentación, la reducción de las perturbaciones de la vida cotidiana y la información a la población.

ANÁLISIS DEL RIESGO

El documento incluye el análisis del riesgo con información territorial, caracterización de la peligrosidad y de la vulnerabilidad sísmica por zonas, la estructura y organización de los órganos de dirección y coordinación de emergencias, y la operatividad, con los procedimientos que deben desarrollar los diferentes servicios, centros y organismos involucrados.

Una vez entre en vigor, se iniciará el proceso de implantación con la distribución del documento a organismos implicados y ayuntamientos con riesgo de terremoto, así como con el desarrollo de campañas informativas sobre medidas de protección entre la población.