El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal el decreto de la oferta de empleo público (OPE) de la Administración xeral de la Xunta y de las entidades instrumentales del sector público autonómico para este 2025, que asciende a 1.103 plazas. De ellas, 803 serán de acceso libre y otras 300, para promoción interna.

Lo ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, con el objetivo de «reforzar» con más empleados públicos la Administración se ha aplicado la máxima tasa de reposición permitida por el Estado, la establecida en 2023 –ejercicio con los últimos presupuestos aprobados en el ámbito estatal–.

De las plazas de acceso libre, más de 370 serán para los principales cuerpos y escalas de Administración xeral: 160 plazas para personal de limpieza y cocina, 60 para personal subalterno, 49 del cuerpo auxiliar (C2), 11 del cuerpo administrativo (C1), 30 del cuerpo superior (A1), 30 del cuerpo de gestión (A2) y 11 del cuerpo administrativo (C1). También se incluyen 10 puestos de la escala de letrados, 10 para la escala superior de finanzas y 16 para la escala técnica de finanzas.

Más de 380 plazas serán para escalas de administración especial, entre las que Rueda ha destacado las «138 plazas para el servicio de prevención y defensa contra incendios forestales», de las que el 90% (124) serán bomberos forestales y 14 para jefes de brigada.

Además, se convocarán 108 para la escala auxiliar de cuidadores/as, 50 para la de agentes técnicos de gestión ambiental y 30 para la de auxiliar de cocina.

A todas estas plazas podrá acceder cualquier persona que cumpla los requisitos exigidos en las correspondientes convocatorias. Asimismo, se ofertan un total de 38 plazas de acceso libre en entidades del sector público instrumental autonómico.

PROMOCIÓN INTERNA Y RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A las plazas de acceso libre se suman otras 300 plazas para la promoción interna del personal funcionario de carrera, un proceso reservado a empleados y empleadas públicas que ya son personal funcionario y que pueden conseguir un ascenso o promoción profesional a puestos de trabajo de mayor responsabilidad y retribución.

En concreto, se convocarán 20 plazas para el cuerpo superior (A1), 50 para el cuerpo de gestión (A2), 75 para el cuerpo administrativo (C1) o 153 plazas para el cuerpo auxiliar (C2), así como dos plazas para la escala de inspectores e inspectoras de consumo.

Además, la reserva para personas con discapacidad será del 11,8%, «por encima sensiblemente», ha destacado el presidente gallego, de la reserva mínima que fija la legislación y que es del 7%.

ACUERDO CON PERSONAL DE JUSTICIA

Según ha informado Rueda, el Consello de la Xunta también ha aprobado el proyecto de acuerdo para la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de justicia de Galicia, con el que se materializa lo pactado con organizaciones sindicales para «garantizar los objetivos en la implantación de la nueva oficina judicial».

La medida se enmarca en la entrada en vigor de la Ley de eficiencia del servicio de justicia y supondrá un incremento retributivo progresivo que suma 7,5 millones de euros en los próximos tres años. Según ha trasladado el presidente, es resultado de las negociaciones realizadas con las organizaciones sindicales para la reorganización del personal.

En esta línea, también se ha informado de los cambios organizativos a los distintos profesionales relacionados con la Administración de justicia en Galicia y a las entidades locales, a través de diversas jornadas divulgativas. Además, se están desarrollando sesiones formativas y acompañamientos presenciales para facilitar el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas.

La Xunta recuerda el impacto económico de la reforma estatal que el Gobierno gallego, remarca, «tuvo que asumir sin apenas transferencias del Estado».

Así, además de la mejora de las condiciones laborales, la Administración autonómica estima un coste de 3,3 millones de euros para la digitalización de las oficinas, de los que a Galicia se transfirieron más de 1,1 millones de fondos.