El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha avisado de que la «parálisis total y absoluta» del Gobierno central perjudica a Galicia y ha pedido que, «cuanto antes», se convoquen elecciones. «Los gallegos y gallegas no pueden estar pendientes de las amenazas del señor Koldo y del señor Ábalos», ha dicho.

En declaraciones a los medios este jueves en Santiago de Compostela, el conselleiro ha censurado que en los últimos días se estén produciendo un «montón de noticias» que afectan al Gobierno del Estado, «sobre todo en el ámbito de la justicia, con muchos problemas en distintas causas».

Una situación que, según ha dicho, provoca una «parálisis total y absoluta» en el Gobierno en lo referido a todos los asuntos que tienen que ver con Galicia y que considera que también «ocurre en otras comunidades».

«Lo que nos preocupa es que todos los asuntos que hay relacionados con los gallegos y las gallegas, en los que más necesitamos avanzar, no avanzan debido a que el Gobierno está centrado en intentar solucionar los problemas que tienen con la justicia», ha censurado.

El titular de Presidencia ha recordado que el pasado mes de septiembre tuvo una reunión con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, para avanzar en «tres asuntos de competencias» importantes para Galicia, como el traspaso de los aeródromos que no son utilizados por personas como viajeros, los servicios de meteorología y los permisos de trabajo por residencia para extranjeros.

Según ha recordado Diego Calvo, en estos tres casos el secretario de Estado se comprometió a hacer reuniones durante el mes de octubre para poder avanzar y antes de Navidad tener soluciones o acuerdos que se pudiesen firmar en una bilateral.

Sin embargo, conforme ha señalado, en octubre no se celebró ninguna reunión técnica y solo en el mes de noviembre hubo un primer encuentro relacionado con los aeródromos, sin que haya ninguna noticia sobre las dos restantes competencias. A ello, ha añadido que la Xunta pidió al secretario de Estado que hablase con Transportes para aclarar la postura del Gobierno sobre el traspaso o rescate de la AP-9 ante el procedimiento abierto en Europea.

«Queríamos conocer cuáles eran las alegaciones que había presentado el Gobierno ante la Unión Europea, porque es normal que la Comunidad autónoma por la que transcurre la totalidad de la AP-9 tenga conocimiento de cuál es la postura del Gobierno. Nada más y nada menos», ha sostenido.

Pese a que, según ha indicado, «se comprometió a trasladar esa información», la Xunta «sigue sin tener ningún tipo de comunicación por parte ni del Ministerio de Administraciones Públicas ni del Ministerio de Transportes».

Así las cosas, Diego Calvo, que ha afeado que el Gobierno solo esté preocupado «por su continuidad», ha apelado a «poner solución de una vez por todas» a esta «situación de parálisis» y convocar elecciones.

POLICÍA ADSCRITA A GALICIA

Preguntado al respecto, el conselleiro de Presidencia ha vuelto a llamar al atención sobre la situación de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) a Galicia para advertir que la plantilla está conformada por 343 de los 500 efectivos que podría tener. Una cifra con la que ha asegurado que «es muy difícil prestar un servicio de calidad en todas y cada una de las funciones que tiene asignadas».

Por este motivo, ha recordado que hace unas semanas se decidió que determinados servicios que podrían ser prestados por vigilancia privada se optase por esta opción para que los agentes pudiesen reforzar el resto de funciones.

Por ello, preguntado sobre si ente estas funciones la UPA podría apoyar en labores de seguridad en Santiago de Compostela, en un contexto en el que la Policía Local mantiene un conflicto con el Ayuntamiento por el pago de las horas extra, ha sostenido que «no se trata de querer o no querer», sino de una «imposibilidad manifiesta porque no hay recursos».

«Si no llegamos pronto a un acuerdo con el Ministerio, la Unidad de Policía Adscrita tendrá que dejar de prestar algunas de las funciones que se están prestando porque no se podrían prestar con la calidad que corresponde», ha manifestado.

Esto, según ha dicho, supondría que tendría que asumir esas funciones otro cuerpo, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, lo que supondría al Ministerio de Interior «un coste mucho más elevado» y una «situación compleja» porque tendrá que desplazar nuevos efectivos a Galicia para poder prestar en condiciones esa función.

«Por lo tanto, la propuesta que la Xunta pone encima de la mesa es una propuesta ventajosa para todos», ha dicho para asegurar que no entiende la «cerrazón» del Ministerio a «sentarse» con el Gobierno gallego para «poder llegar a un punto intermedio.