El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, firmará este jueves con los sindicatos a las 15.30 horas el acuerdo plurianual que elevará los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028, ha informado el Ministerio.

Este incremento del 11% se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028, según fuentes sindicales.

La subida de este año, del 2,5%, se abonará en diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026, lo que se ha acordado es un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. El del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.

Mientras que UGT y CSIF han dado el visto bueno al acuerdo, CCOO aún no ha comunicado si firmará o no el texto.

«El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha alcanzado un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y está a la espera de que CCOO también forme parte del mismo. Dicho acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028», destacó anoche el Departamento que dirige Óscar López.

El acuerdo con UGT y CSIF se logró ayer, pasadas las 22.00 horas, tras una nueva reunión maratoniana, la segunda en esta semana, de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, con los representantes de CCOO, UGT y CSIF, para abordar un nuevo pacto plurianual de mejoras salariales y de condiciones laborales para los empleados públicos.

El acuerdo incorpora además diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público, entre otros aspectos.

Desde CSIF defienden que el acuerdo salarial alcanzado es «el mejor posible en las actuales circunstancias políticas» y supone, por un lado, acabar con la congelación salarial que estaban sufriendo los funcionarios este año y la recuperación de un 2,9% del poder adquisitivo que había perdido el colectivo.

«CSIF suscribe este acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con los empleados públicos. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN por el gasto en defensa», apunta el sindicato que preside Miguel Borra.

Las partes han acordado constituir una comisión de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las medidas pactadas en un plazo máximo de 15 días desde la firma del acuerdo. De este modo, CSIF ha subrayado que el acuerdo «no es un cheque en blanco» y que velará por su cumplimiento «en tiempo y forma», reservándose «todas las medidas para asegurar su efectiva ejecución».

UGT: ES UN «GRAN ACUERDO»

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, aseguró, tras la reunión de este miércoles, que se trata de «un gran acuerdo», con el que «no solamente ganan los empleados públicos», sino que también «gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país en general».

Araque subrayó que la subida salarial acordada con el Ministerio, del 11,5% si se tienen en cuenta los deslizamientos salariales, garantiza el poder adquisitivo y en torno a un 2,9% de recuperación del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

Así, además de las mejoras salariales, UGT y CSIF han explicado que el acuerdo con el Gobierno incluye la eliminación de la actual tasa de reposición de vacantes para favorecer el refuerzo de las plantillas en los ámbitos más necesitados y reducir la contratación de personal temporal; la reducción de los plazos de los procesos selectivos en las ofertas de empleo público para que su resolución definitiva no supere el año, y la ampliación y mejora tanto la promoción interna como de la movilidad.

Asimismo, se ha pactado adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes, e impulsar procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente.

El texto del acuerdo incluye además la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando las desigualdades entre empleados públicos; el refuerzo de las plantillas de atención al público; la actualizarán de permisos y mejoras en materia de conciliación; el refuerzo de la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones; actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior; mejoras en materia de jubilación, y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).

«Es un acuerdo con el que se termina con la tasa de reposición de efectivos. Un acuerdo en el que las ofertas públicas de empleo se van a ejecutar en un año. Donde la Administración está preparada para recibir a los nuevos y para promocionar a las personas que están dentro de la Administración», resaltó Araque.

«Nos tenemos que felicitar porque está la insularidad dentro del acuerdo, están las indemnizaciones por razón de servicio, está el mutualismo, están las clases pasivas, están reflejados todas y todos los empleados públicos de nuestro país. Este acuerdo da certidumbre, da seguridad, no solamente a los empleados y empleadas públicas, sino a las administraciones y, sobre todo, a los servidores públicos», concluyó la secretaria general de UGT Servicios Públicos.