Fiscalía ha acordado el archivo de las diligencias de investigación penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas (Pontevedra) al no apreciar delito.

Todo ello tras una denuncia interpuesta por la CIG contra la empresa concesionaria responsable del servicio, Óbolo, así como contra el Ayuntamiento de Ponteareas, por supuestos incumplimientos de la normativa vigente.

Ahora, Fiscalía asegura que la documentación remitida pone de manifiesto que por parte del Ayuntamiento «se desarrolló una actividad de vigilancia del adecuado cumplimiento del contrato suscrito, con distintos requerimientos de documentación a la empresa adjudicataria y de enmienda de posibles incumplimientos de los pliegos técnicos, administrativos y normativa reguladora».

Además, se pone de manifiesto que por parte del Ayuntamiento se incoó expediente sancionador por el retraso en la subsanación de defectos por la empresa adjudicataria.

Fiscalía señala que desde que la prestación del servicio comenzó el 14 de abril de 2025, se realizaron requerimientos por parte del Ayuntamiento y una visita de inspección por los Servizos Sociais de la Xunta.

«La persistencia en los defectos en la ejecución del contrato determinó que el Ayuntamiento solicitara de la Consellería de Política Social la suspensión de un servicio por alto riesgo en la protección de la salud de los trabajadores. El Servizo de Traballo Social municipal emite informe sobre la situación del servicio que anticipa la comunicación realizada por los denunciantes, por lo que se pone de manifiesto que el Ayuntamiento ya estaba actuando sobre el objeto de las solicitudes, sin que se pueda apreciar una conducta omisiva prevaricadora, sino un intento de encauzar la actuación de la adjudicataria a las exigencias de los pliegos de condiciones y del contenido del contrato suscrito», recoge Fiscalía.

Ante esta situación, el gobierno local ha celebrado esta decisión, apuntando que se trata de una «confirmación» del rigor y de la legalidad con la que se actuó en todo momento.

«Lo expuesto evidencia que el Ayuntamiento actuó con diligencia, supervisión y responsabilidad, desmintiendo las acusaciones falsas vertidas por la CIG y confirmando que no existió conducta omisiva ni indicio algún de prevaricación», ha reivindicado el gobierno municipal en un comunicado.

PLENO MUNICIPAL

Pese a todo, la huelga en el servicio continúa, produciéndose este pasado martes un altercado en el pleno local, al irrumpir empleadas del SAF.

Según explicó la propia alcaldesa, Nava Castro, lo ocurrido «supera los límites aceptables» ya que también la oposición trató de «coaccionar» a la regidora «diciendo que si no se alteraba el orden del día, no dejarían celebrar el pleno».

«Como marca la ley, dije que el orden del día no se iba a alterar y trataríamos primero la aprobación definitiva del presupuesto municipal», subrayó Castro, indicando que tanto los grupos de la oposición como los manifestantes se levantaron y avanzaron hacia su mesa, apuntando que su actitud tenía «un evidente sesgo machista».

«Uno tono, unos gestos y unas formas que no emplearían delante de un alcalde hombre. Un intento de situarse por encima de la Presidencia no por razones políticas, sino desde una falta de respeto personal e institucional hacia una mujer que ejerce su autoridad con firmeza y serenidad», ha reivindicado.

Tras tres llamadas al orden, el pleno tuvo que continuar a puerta cerrada, tal como recoge el reglamento, según ha añadido la regidora en comunicado enviado a los medios de comuicación.

«Quiero ser clara, impedir un pleno, ejercer presión física sobre la Presidencia y manifestar actitudes machistas contra una alcaldesa no es protesta, es una vulneración de la democracia local y del respeto institucional. Y no se volverá a permitir», ha sentenciado.

Sin embargo, el BNG de Ponteareas ha acusado a Nava Castro de «incendiar» el conflicto con el SAF con «provocaciones y violencia institucional». Los nacionalistas explicaron que los manifestantes y la oposición reclamaron que se tratase con prioridad una moción conjunta que presentaron para rescindir el contrato de al empresa concesionaria del SAF.

«Lejos de atender una demanda de urgencia social, Castro se negó a debatirla», han criticado desde el Bloque, insistiendo en que finalmente se tuvo que celebrar el pleno a puerta cerrada. Además, el BNG añade que las trabajadoras decidieron permanecer cerradas en el Ayuntamiento toda la noche, siendo desalojadas esta mañana «entre amenazas y presiones directas de la alcaldesa».

Precisamente la CIG ha denunciado este miércoles la «censura» y la actitud «déspota y provocadora» de Castro, «llegando a empujar y golpear a una empleada que participaba en el cierre iniciado ayer en el Ayuntamiento».

En un comunicado, el sindicato ha indicado que esta trabajadora presentará una denuncia ante la Guardia Civil al sufrir «traumatismos» en el brzo.

El PSOE local también ha lamentado la situación, criticando a Castro por «cerrar los plenos y amedrentar» a las trabajadoras del SAF, tras 60 días de huelga.