Los Juzgados de Ferrol acogieron este martes la vista judicial de dos demandas que buscan la anulación de condenas impuestas a víctimas del franquismo, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática (20/2022). Estos procedimientos, tramitados a través de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, serán los primeros casos de anulación de sentencia en Galicia bajo esta ley.

Así, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ferrol ha dejado visto para sentencia la demanda de la nieta de Miguel Mendiguchía Real como víctima de la represión franquista, 88 años después de su asesinato.

La nieta del afectado, que declaró como testigo y víctima indirecta, relató ante la magistrada presidenta los hechos que condujeron al fusilamiento de su abuelo el 25 de agosto de 1936, su enterramiento en una fosa común y el «dolor insoportable» que marcó a varias generaciones de la familia.

Durante su declaración, describió cómo la sombra de la tragedia persiguió a su familia. Relató que su padre, hijo de Miguel Mendiguchía Real, «no era capaz de hablar de lo sucedido por el dolor que le causaba», a pesar de ser una persona «progresista y liberal» que luchó por la democracia.

«No es que tuviera miedo, sino que el dolor era tan grande que no podía hablar de lo que le ocurrió a su padre», explicó. Detalló las consecuencias devastadoras para su abuela, que quedó viuda con seis hijos, «sin pensión, sin nada», y cuyos bienes fueron embargados.

«Fueron marcados como ‘rojos’ por la sociedad», afirmó, subrayando la «pérdida de calidad de vida considerable» y la estigmatización que sufrieron. La testigo también reveló que, además de su abuelo, dos hermanos de este fueron asesinados en 1938, lo que refuerza la tesis de una persecución familiar sistemática.

REPARACIÓN SIMBÓLICA Y NULIDAD DE LA CONDENA

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones, solicitó que la resolución judicial active los mecanismos de reparación previstos en la ley. Esto incluye el «derecho a la verdad», mediante la publicación completa de los hechos; la «reparación simbólica», para restablecer la dignidad y la reputación de la víctima y su familia y el «deber de investigar». Es por ello que se reclama a la juez que declare la nulidad de la condena a reclusión perpetua impuesta a Miguel Mendiguchía, en aplicación del artículo 5 de la Ley de Memoria Democrática.

Asimismo, se pide la rectificación de la inscripción de defunción en el Registro Civil para que consten las causas reales y el lugar exacto de su muerte, así como la remisión de la sentencia al Registro Estatal de Víctimas, para lo cual la familia ha prestado su consentimiento.

OFICIAL DE TELÉGRAFOS

Otro de los casos, es el de José Varela Cachaza. Sus hijos han pedido que sea reconocido como víctima de la represión franquista y han relatado las secuelas de hambre, miedo y estigmatización que arrastraron durante décadas tras la encarcelación de su padre.

El motivo de la condena fue la posesión y lectura entre amigos de un discurso del socialista Indalecio Prieto, considerado «propaganda contra el régimen» y que fue pronunciado en una universidad norteamericana.

Así, ambos hijos detallaron, en una vista que se inició sobre las 13.00 horas de este martes, que su padre era funcionario de Telégrafos, que fue detenido en 1942 y permaneció recluido en la prisión militar del Castillo de San Felipe hasta mayo de 1944, durante dos años, tras un juicio sumarísimo en el que se le negó «cualquier derecho real y efectivo de defensa».

Uno de sus hijos describió, con la voz quebrada por la emoción, el drástico cambio económico que sufrió la familia. «Él tenía un trabajo de funcionario en Correos y lo perdió todo», afirmó uno de ellos. Al recuperar la libertad, Varela solo logró trabajos precarios en el puerto, con sueldos miserables.

«De pequeño tuve una colitis persistente y el médico recetó leche maternizada. El bote costaba más de lo que mi padre ganaba en un mes», ha detallado uno de sus hijos.

La familia solo pudo salir adelante con la ayuda de vecinos, una pequeña huerta y la cría de animales domésticos, así como con el esfuerzo prematuro de los hijos, que con 14 años empezaron a dar clases particulares a otros niños del barrio de Canido para contribuir a la economía doméstica.

«No solo empeoró nuestra vida material, sino que se cercenaron nuestras expectativas. Veíamos que había un techo que no podíamos sobrepasar», testificó uno de ellos, señalando que ser «hijos de quien éramos» era una losa que limitaba su futuro.

Ambos detallaron que el temor se instaló para siempre en el hogar. Los hijos relataron que, durante años, cada vez que el dictador Francisco Franco o alguna alta autoridad visitaba Ferrol, su padre recibía la «recomendación» de permanecer en casa y no salir a la calle.

«Él no tenía miedo por sí mismo, pero sí por nosotros. Nunca dejó de hablar de su pasado con orgullo, pero era una sombra constante», explicaron.

Esto fue corroborado por una familiar, que declaró como testigo. «Se notaba un largo pozo. Algo que no se nombraba, pero que estaba ahí. Él era una persona con muchas capacidades intelectuales para el trabajo manual que tuvo que hacer, pero no tenía opciones. Ningunas». afirmó.

PETICIÓN DEL MINISTERIO FISCAL

Por su parte, el Ministerio Fiscal fundamentó su petición en el «derecho a la verdad, a la reparación simbólica y a la justicia» que recoge la Ley de Memoria Democrática y por ello pidió que se declare nula la condena y ordenar que se anote al margen del expediente original la verdad de los hechos: que José Varela fue condenado «sin haber cometido delito alguno» y por «la mera tenencia de un extracto de un discurso».

Además, piden que se remita copia de la sentencia al Registro Estatal de Víctimas para que su nombre y su historia queden oficialmente reconocidos.