La asociación española del aluminio (AEA) y la asociación de industrias del metal y tecnologías asociadas de Galicia (Asime) piden «detener» y modificar el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que está previsto que entre en vigor el próximo 1 de enero y que será «especialmente perjudicial» para el sector en Galicia.

El llamamiento lo han lanzado, desde Santiago, el secretario general de AEA, entidad que representa a más de 650 empresas del sector, y su homólogo de Asime, Enrique Mallón, en un momento «crítico» para las industrias del metal y del aluminio en un contexto europeo marcado por la «tormenta perfecta»: caída de la demanda, aumento de costes, volatilidad de precios, guerras comerciales y nuevas regulaciones que generan incertidumbre.

La rueda de prensa ha contado con la participación de la directora fiscal de Cortizo, Cruz Casal; la responsable financiera de Exlabesa, Marina Magán y el presidente del Grupo Quintá (Extrugasa), Francisco Quintá.

Todos coinciden en una idea: «la industria gallega, pese a su fortaleza, se enfrenta a un escenario sin precedentes que exige respuestas inmediatas», destacan ambas asociaciones en un comunicado conjunto.

El mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el denominado ‘CBAM’, es para estos representantes del sector del aluminio «necesario pero incompleto y especialmente perjudicial para Galicia». Al respecto, la nota de prensa apunta que el perjuicio será «especial en regiones altamente industrializadas y dependientes de la importación de metales, como Galicia».

El ‘CBAM’ aborda el riesgo de fuga de carbono que se produce cuando, por razón de costes derivados de políticas climáticas, las empresas de determinados sectores o subsectores industriales trasladan su producción a otros países, o cuando las importaciones procedentes de estos países sustituyen a productos equivalentes que son menos intensivos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, explica el Ministerio para la Transición Ecológica.

«UNA AUTÉNTICA BARBARIDAD»

En su comparecencia ante la prensa este martes, el secretario general de AEA, Gonzalo de Olabarría, ha señalado que, tal y como está diseñado, el mecanismo opera como «un instrumento fiscal» que «recarga con una tasa los dos tercios de aluminio» que emplea el sector, importado, con el «tremendo coste» que ello supone, que, según estudios, ha cifrado en 4.500 millones de euros, esto es, «en torno al 10% del valor de la industria europea, una auténtica barbaridad».

Este sobrecoste, ha avisado, «repercute aguas abajo en todas las cadenas de valor que dependen del aluminio», por lo que, augura, afectará a «infinidad de productos que están hechos de aluminio», desde un ascensor a una bicicleta. «Todo se va a ver encarecido por este mecanismo», ha lamentado.

Es un mecanismo «complejo» y estas «dificultades» ya han sido trasladadas al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, según ha señalado el secretario general de la AEA. «Tenemos una próxima reunión las asociaciones española, alemana, italiana, griega, polaca y francesa (los más importantes del aluminio europeo) para intentar ver si este asunto puede detenerse», ha indicado.

«Nuestra posición, lo que estamos pidiendo, es que el ‘CBAM’ se pare para el aluminio, ya que aplica a otros materiales (como el cemento, fertilizantes y acero)», ha expuesto. «Que la UE haga un estudio detallado de los efectos», ha incidido.

Por parte de Asime, Enrique Mallón ha coincidido en reclamar que el mecanismo «se detenga» por los efectos «muy relevantes por no decir dramáticos» que puede tener en sectores como el naval, la automoción y la industria aeroespacial, entre otros.

Asimismo, Gonzalo de Olabarría ha abogado por un ‘CBAM’ «eficaz y justo, que proteja realmente a la industria europea». Ha indicado que «tal como está diseñado, deja fuera productos transformados de aluminio como extrusiones y perfiles, no contempla las emisiones indirectas y carece de un sistema robusto de trazabilidad del reciclado». Esta falta de cobertura, ha añadido, «pone en riesgo la competitividad de muchas empresas gallegas que han invertido durante años en tecnología limpia y procesos eficientes».

A preguntas de los periodistas sobre la planta de aluminio de A Mariña, en Lugo, el representante de la asociación española del aluminio ha subrayado la importancia de la «autonomía estratégica», toda vez que si el sector español tuviera «las toneladas que producía Alcoa» en España «las empresas tendrían cierta tranquilidad». «Ojalá en España podamos tener la nuestra funcionando», ha remarcado.