Álvaro García Ortiz ha presentado este lunes su dimisión como fiscal general después de que el pasado 20 de noviembre el Supremo le condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo le ha convertido en el primer jefe del Ministerio Público condenado en España y le ha llevado a abandonar un cargo al que llegó marcado por haber sido la ‘mano derecha’ de su antecesora inmediata, la también ex ministra de Justicia Dolores Delgado.

«El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad –siempre presente en mi mandato– de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general», dice en una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, García Ortiz afirma que «es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española». «Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad», sostiene.

Un tribunal de siete magistrados de mayoría conservadora, y con el voto discrepante de dos magistradas progresistas, ha puesto fin a un mandato que venía agonizando desde que cinco de esos magistrados decidieron el 16 de octubre de 2024 encausar a García Ortiz por la filtración de que la defensa de González Amador había ofrecido a Fiscalía reconocer los dos delitos fiscales por los que le investigaba a cambio de eludir la cárcel.

Desde entonces, numerosas voces dentro y fuera de la Fiscalía habían reclamado su dimisión, algo que García Ortiz siempre había descartado bajo el convencimiento de que su deber era defender a la institución y sus miembros frente a lo que advirtió como un «bulo»: la publicación de las 21.29 horas del 13 de marzo de 2024 en ‘El Mundo’ que decía que era Fiscalía quien había buscado un acuerdo con el novio de Díaz Ayuso.

Ya en el juicio, sostuvo que, si actuó de aquella manera –recabando en horas de la noche y casi de la madrugada los ‘emails’ entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador, y publicando ya a las 10:22 del 14 de marzo una nota de prensa donde aclaraba que la iniciativa partió del empresario y que estaba dispuesto a confesar– fue con el ánimo de transmitir la verdad ante lo que percibió como una campaña de desprestigio procedente de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno, que ha mantenido su apoyo a García Ortiz a lo largo de todo el procedimiento, ha hablado por boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ratificarlo. En acatamiento de la sentencia, Moncloa ha anunciado que prepara su sucesor.

Acaba así un caso de alto impacto jurídico y político que ha generado un continuo desgaste no solo para García Ortiz –a nivel profesional y personal– sino también para el Ministerio Público, colmando así una inercia que heredó desde el primer día de mandato.

Fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda. Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como ‘mano derecha’ de Delgado y cargo con el que ascendió a la máxima categoría de la carrera fiscal.

Le precedía una dilatada trayectoria en Galicia, donde adquirió especial popularidad a raíz del caso ‘Prestige’.

VARAPALOS JUDICIALES

Una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a Delgado a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del TS, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.

Rueda recurrió dicha decisión ante el TS, que le dio la razón anulando el nombramiento de Delgado. El alto tribunal fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder».

En una decisión posterior, el TS también anuló la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, dejando en manos del Consejo Fiscal examinar una posible incompatibilidad para el cargo por ser pareja del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El órgano consultivo resolvió que no existía tal incompatibilidad, por lo que se la volvió a nombrar.

El ‘caso Delgado’ y otros nombramientos acarrearon a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que al igual que hicieron con Delgado le acusaron de favorecer a miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.

OTRA DECISIÓN «INÉDITA»

En ese contexto, el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –de mayoría conservadora– declaró «no idóneo» a García Ortiz para continuar en el cargo, en el marco del proceso para su renovación, que se consumó el 27 de diciembre de 2023.

El CGPJ concluyó que García Ortiz había hecho un uso «espurio» de sus poderes, aludiendo a su política de nombramientos discrecionales y al duro fallo del TS sobre Delgado, así como señalando que había impuesto criterios erróneos, como con la ley del ‘solo sí es sí’, y su «inactividad» para defender a los fiscales del ‘procés’ de las acusaciones de ‘lawfare’.

García Ortiz, en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso requerida para formalizar su renovación, acusó al CGPJ de ejercer como «tribunal de honor».

FRACTURA INTERNA

Poco después llegó el choque con la Junta de Fiscales de Sala a causa de ‘Tsunami Democrátic’ y de la ley de amnistía, discrepancias que avocaron a sendas juntas de fiscales.

La mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal decidió tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo para abogar por investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por la plataforma independentista tras la sentencia del ‘procés’.

Pese a ello, el informe acabó en manos de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que, en contra del criterio mayoritario, expuso que no había indicios suficientes para investigar a Puigdemont por terrorismo.

Un recorrido similar tuvo la Fiscalía a la hora de fijar posición con la amnistía. En una votación ajustada, la Junta de Fiscales de Sala decidió que la ley debía aplicarse a la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos del ‘procés’. Una vez más, García Ortiz acordó que fuera Sánchez Conde quien elaborara los informes pertinentes, apartando así a los cuatro fiscales del ‘procés’.

La última polémica fue, precisamente, la relacionada con el caso de González Amador, que ha ahondado en la fractura de la Fiscalía hasta el punto que la APIF ha sido una de las acusaciones populares contra García Ortiz. También, el testimonio de la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró que desde el principio sospechó que habría filtraciones.

En paralelo, se han sucedido muestras de apoyo a García Ortiz. Recibió numerosas ofertas para ayudarle a afianzar los 150.000 euros que le exigió de entrada el TS y empezó el juicio arropado por los suyos a la salida de la sede de Fortuny. El domingo, centenares de personas, incluida Delgado, se concentraron frente al Supremo para mostrar su rechazo a la condena.