Miles de mujeres se enfrentan todos los días a un tipo de violencia que quizás no les deje marcas físicas, pero sí limita y frena el desarrollo de sus vidas: la violencia económica.

Más allá de la desigualdad económica que todavía afronta el sexo mayoritario y cuyo máximo exponente es la brecha salarial — las mujeres en Europa trabajan «gratis» desde el 17 de noviembre –, cuando en esta disparidad entra en juego la coacción o las amenazas, sea o no dentro de la pareja, se pasa ya a hablar de violencia económica, una de las formas de violencia de género más habitual y duradera en el tiempo, pero la menos analizada.

De hecho, uno de los últimos estudios realizados sobre ella data de 2023. En el informe ‘Estudio de la violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja’, el Ministerio de Igualdad señala — en base a la macro encuesta de violencia contra la mujer de 2019 –, que la violencia económica es la tercera manifestación más frecuente de la violencia de género. Se estima que puede afectar a más de 2.350.684 mujeres.

Esta es una de las pocas estadísticas sobre este tipo de violencia contra la mujer que existe pues, pese a ser la más transversal por las múltiples formas que presenta, todavía es de las menos nombradas y, con ello, denunciadas.

Desde la prohibición en la toma de decisiones de la economía familiar y el control de gastos, pasando por el sabotaje laboral y hasta la explotación económica, presenta tantas caras como víctimas y agresores.

Muchas de las víctimas no reconocen estos hechos como violencia y nunca llegan a denunciarlo. Esta misma dependencia económica en la que se encuentran les supone una barrera para hacerlo. Además, no ayuda que no esté tipificada como delito, ni siquiera mencionada en la actual ley de violencia de género.

FALTA MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIA

Si bien ha habido ciertos avances — aparece citada en el Convenio de Estambul y también recogida en el texto del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género –, falta todavía un marco jurídico claro y, sobre todo, jurisprudencia al respecto.

Así lo defiende el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Fernando Lousada. El juez, pionero al redactar la primera sentencia que incluyó una indemnización por acoso sexual en el trabajo, y autor además de libros como ‘El enjuiciamiento de género’ conversa con Europa Press sobre las violencias de género invisibilizadas con motivo del Día Mundial por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 25N.

Si bien la digital y la vicaria están cada vez más presentes en el debate público, no es así para la económica. De hecho esta última puede ser una herramienta para ejercer otras violencias como la vicaria, puesto que las mujeres continúan siendo el progenitor custodio de los menores en la mayoría de separaciones de pareja. «La crueldad se multiplica con la maternidad», lamenta el magistrado.

Más allá del impago de las pensiones o el control de gastos e ingresos, Lousada pone el foco en el «nulo» valor que se le da al trabajo de las mujeres en el seno de la familia, al de aquellas que se dedican a los hijos.

«Es muy complicado compensar esa dedicación, que no deja de ser un trabajo. Normalmente se hace mediante pensiones compensatorias pero es complejo, sobre todo en casos de parejas con separación de bienes o de parejas de hecho, que no matrimonio», explica.

Para Lousada, la primera gran labor a realizar es la visibilización. «Esta es la gran invisibilizada y la más transversal. Hay que hablar de ella, poner el foco en ella. Lo que no se nombra, no existe. Pero lo peor es que simplemente parece que no existe, cuando sí lo hace», señala.

EL ACOSO SEXUAL, UNA HERRAMIENTA DE DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA

El juez da un paso atrás y pone el foco en la discriminación económica, donde «surge todo», donde quizás no existe una amenaza física o coacción directa, pero con efectos igualmente nocivos.

«El acoso sexual, por ejemplo, puede ser una herramienta de discriminación económica en el entorno laboral. Puede llevar a que las mujeres desempeñen puestos de baja cualificación y a la marginalidad dentro de la empresa», destaca.

En esta línea, defiende la apertura del foco. «Muchas veces se asimila la discriminación económica a la brecha salarial y hay mucho más. Esta medición, por ejemplo, no contempla el trabajo en el hogar, lo que ya es un gran sesgo. Además, no es homogénea. Es apenas del 1% entre los más jóvenes y sube al 40% con personas de más de 60 años. ¿Por qué? Porque las carreras no se desarrollan igual», explica.

Aunque se muestra optimista ante el futuro, también reconoce que queda mucho por hacer y que, lo que queda, es arduo. «Es muy complicado cambiar la mentalidad occidental. No se puede pensar que con algunas leyes que están en vigor desde hace 30 años se puede cambiar toda una mentalidad de hace miles de años; que solucionando algunos casos individuales vamos a acabar con el sustrato machista que subyace», comenta.

Y para demostrarlo continúa con la desigualdad económica, intrínseca a, por ejemplo, los grandes indicadores macroeconómicos. «El Producto Interior Bruto (PIB) no tiene en cuenta el trabajo fuera de las economías formales — el trabajo doméstico, sector altamente feminizado –. Cuánto se está perdiendo ahí», reflexiona.

«NO PODEMOS BAJAR LOS BRAZOS»

«Pero eso no quita que bajemos los brazos. Es como decir que como nunca erradicaremos del todo el delito, vamos a dejar de perseguirlo. No es así. Pues con la desigualdad lo mismo», afirma.

Sobre esto, remarca lo que se ha avanzado en los últimos 50 años. «En los 70 las mujeres tenían que pedir permiso para trabajar y abrir una cuenta en el banco. La violencia económica estaba institucionalizada. Ahora no es así», destaca.