El portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha asegurado que corresponde «acatar» el fallo del Tribunal Supremo (TS) que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso–, pero ha subrayado que «acatar» no significa «compartir». «No la compartimos», ha incidido.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede del PSdeG, Torrado se ha referido al «anuncio de sentencia» para asegurar que no les parece que «esté fundamentada» ni que tenga «ninguna explicación».

«Por ahora no la conocemos pero no concuerda con lo que parece evidente después de ver el juicio», ha manifestado para sostener que, si bien no conoce personalmente al fiscal general, sí cree «profundamente» en su inocencia y considera que es «un gran profesional».

El dirigente del PSdeG ha considerado que el «anuncio de la sentencia» produjo una «dificultad» por parte de la ciudadanía para «entender los porqués». «Y esto lleva a una pérdida de credibilidad enorme que esperamos que los jueces que van a emitir esa sentencia y que van a presentar la argumentación sean capaces de resolver por el bien del sistema judicial y por el bien de un sistema institucional que, sino, entraría en una crisis de legitimidad problemática».

Julio Torrado ha asegurado que existe «un problema de credibilidad» toda vez que, según ha indicado, «la ciudadanía que escuchó y siguió el juicio» no entiende la situación. «Y esto es muy preocupante, porque la ciudadanía no solo debe ver el sistema funcionar, sino que debe de entenderlo. Y hoy no hay casi nadie que entienda esa resolución», ha afirmado.

Además, ha considerado que la resolución no solo dice que el TS no creyó al fiscal general, sino que también considera que «mintieron» los periodistas que manifestaron que «tenían información por fuentes distintas al fiscal general».

«Esos periodistas que acudieron allí expresaron con claridad lo que todo el mundo escuchó y los jueces que emitieron la sentencia decidieron que no eran creíbles», ha incidido para subrayar que «el periodismo ético, moral y decente» debe ser protegido «también de quién le discute su legitimidad sin fundamentar por qué».