El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podrá combatir la condena a dos años de inhabilitación y pago de unos 20.000 euros que le ha impuesto este jueves el Tribunal Supremo (TS) ante el propio TS, mediante un incidente de nulidad, una vía que no suele prosperar pero que es indispensable para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).

De recorrer esa vía, el jefe del Ministerio Público podría solicitar a la corte de garantías que, de forma cautelar, suspendiera la ejecución de la condena hasta que resolviera sobre el recurso contra este fallo.

El TS ha condenado a García Ortíz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso–, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El fallo no ha sido por unanimidad. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados –Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela– y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.

De hecho, Polo era la magistrada ponente, esto es, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma ha llevado a que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó a García Ortiz, quien asuma esta función.

El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

El fallo se ha adelantado este jueves, comunicándoselo a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.