El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha responsabilizado al Gobierno central de la falta de avances para renovar el convenio de la Unidad de Policía Adscrita, al tiempo que, dada la falta de efectivos, ha justificado la decisión de empezar a retirar agentes de las sedes institucionales como San Caetano o el Parlamento, que la Xunta ve protegidas con el refuerzo de la seguridad privada.
Tras críticas vertidas también por sindicatos policiales, el conselleiro ha tenido que responder sobre este asunto en el pleno del Parlamento, donde la parlamentaria del PSdeG Paloma Castro ha instado a la Xunta a firmar el convenio en los términos que plantea el Ministerio del Interior y «no sustituir» a la Policía autonómica por seguridad privada «porque no tiene la misma formación».
«Estamos hablando de instituciones públicas y es una degradación», ha advertido Castro, a quien Calvo ha replicado, con el trasfondo de los casos que afectan al PSOE en el ámbito estatal, que «la degradación en las instituciones viene de otro sitio y no de la seguridad».
A continuación, en tono jocoso, ha bromeado con la diputada que le interpelaba, a quien ha pedido que «no se preocupe» porque su seguridad «está perfectamente cubierta» en la Cámara autonómica. «No se preocupe, que si hace falta vengo yo a defenderla, no se preocupe», ha apostillado.
Lo ha hecho en una intervención en la que ha insistido en que la decisión de «recortar» efectivos de las sedes institucionales se debe a que la Xunta quiere prestar otros servicios fundamentales «con garantías» y en la que ha insistido en que es el Gobierno central el que usa la Unidad de Policía Adscrita como «un arma».
NUEVE MESES «ESPERANDO UNA RESPUESTA» DEL GOBIERNO
Además, ha vuelto a urgir al Gobierno central a cubrir las vacantes para completar las 500 plazas previstas para Galicia, de las que actualmente hay solo 339, dado que es –recalca la Xunta– «responsabilidad exclusiva» del Ministerio del Interior aumentarlas.
Mientras Castro ha insistido en que lo único que tiene que hacer la Xunta es «ajustarse a la legalidad del convenio marco que están firmando todas las comunidades» y ha sugerido que el Gobierno gallego se ha desvinculado de la búsqueda de una solución, el conselleiro la ha acusado de «mentir», además de defender que «solo ha firmado Andalucía» y que la coyuntura de cada autonomía es diferente.
Así, ha reiterado que tanto él como el presidente gallego, Alfonso Rueda, se desplazaron al Ministerio sin publicitarlo y mantuvieron en febrero de este año un encuentro con sus dirigentes para tratar de exponer la postura de la Xunta y que ofrecieron una propuesta alternativa, pero llevan «nueve meses esperando una respuesta».
Dicha propuesta de la Xunta consiste en que las condiciones vigentes continúen para los efectivos actuales, y las nóminas correspondientes a la cobertura de las nuevas plazas se asuman según las condiciones del Ministerio (que busca una cofinanciación del 50%). Calvo ha recalcado que estos fueron los términos trasladados al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en dicha reunión.
SITUACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO
Actualmente, el Estado paga los salarios y la Xunta la productividad de los policías y resto de costes de funcionamiento de la unidad policial, mientras que el nuevo convenio, en los términos del Ministerio, exigiría asumir las nóminas al 50% y que los gastos de funcionamiento sigan corriendo a cuenta de la Xunta.
Según Calvo, quien se ha reafirmado en que estas condiciones «no son viables», esto supondría multiplicar por tres el presupuesto autonómico destinado a la Unidad de Policía Adscrita y pasar de invertir «casi 5 millones a más de 15 millones» de euros.
RECORTAR MÁS FUNCIONES
Dicho esto, ha insistido en que la Xunta tiene la voluntad de llegar a acuerdos con el Gobierno central siempre que no resulten lesivos para los intereses de Galicia.
La postura de la Xunta es que ha optado por recortar efectivos en las sedes institucionales para prestar los servicios «con garantías», pero además no se descarta dejar de prestar otras funciones en el futuro. Si esto ocurriese, ha insistido este mismo miércoles el conselleiro, serán otros cuerpos de seguridad del Estado los que tendrán que asumirlos, con el consiguiente incremento de gasto para el Ministerio.
