Las direcciones de Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+ han comunicado a los sindicatos su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) en cada una de las sociedades debido a la concurrencia de «causas objetivas», según han informado UGT y Sumados-Fetico en sendos comunicados.

No obstante, las cifras de afectación del ERE todavía no se han comunicado de forma oficial, si bien se espera que las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) las conozcan el próximo 24 de noviembre y que el resto de empresas afectadas lo sepan al día siguiente.

Las cifras con las que se especulan en estos momentos apuntan a que la propuesta inicial de la empresa, la cual suele ir reduciéndose a medida que avanzan las negociaciones, se sitúa entre 6.000 y 7.000 trabajadores.

«Tras recibir la comunicación formal que activa el plazo de una semana para constituir las comisiones negociadoras, cumpliremos con el mandato legal del Estatuto de los Trabajadores y negociaremos de buena fe, desde el diálogo y el consenso, pero con la firmeza que otorga su posición mayoritaria en el grupo», ha subrayado UGT.

El sindicato ha trasladado a las distintas direcciones su rechazo a estos nuevos planes, «que una vez más recurren a la reducción de plantilla como vía de ajuste organizativo».

«Hemos exigido, además, la apertura inmediata de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, reclamando una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales», ha añadido.

El sindicato también ha indicado que descarta acuerdos parciales por empresa y ha remarcado que no respaldará ningún ERE en el grupo Telefónica sin asegurar el futuro de todas los trabajadores que permanezcan en la compañía, lo que incluye la extensión de los diferentes convenios hasta 2030 y condiciones «dignas y homogéneas» para todo el personal afectado.

«El sindicato insiste en que la voluntariedad debe ser el eje central de cualquier proceso de salidas y señala como referencia el modelo acordado en 2024 para Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones», ha agregado.

En este contexto, el sindicato Sumados-Fetico (uno de los tres principales en la empresa junto a UGT y CCOO) ha afirmado en un comunicado que rechaza la «constante transmisión a la plantilla de que la única opción de futuro profesional es la salida anticipada (…) a partir de ciertas edades».

En esa línea, ha exigido que el ERE sea «voluntario, universal y no discriminatorio», que garantice la vinculación con la jubilación ordinaria y que ofrezca una condiciones económicas que, como mínmo, sean iguales a las del último despido colectivo.

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.

El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años.

No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

«Sumados-Fetico entiende que el ERE responde a una necesidad de la empresa. Por ello, la compañía no solo debe garantizar las mejores condiciones de salida para quienes se adscriban, sino también presentar un plan de futuro concreto para la plantilla que permanece y con la que llevará a cabo el nuevo plan estratégico. En este sentido, la mejor manera de asegurar la estabilidad y el futuro del empleo pasa por un convenio colectivo fuerte que blinde condiciones, aporte estabilidad y dé soluciones de largo plazo», ha resaltado Sumados.

En ese sentido, cabe recordar que a mediados del pasado octubre Telefónica y los sindicatos cerraron el primer ‘marco social’ de la compañía, un pacto que servirá para unificar los derechos y compromisos de toda la plantilla del grupo en España, con independencia del convenio que se le aplique a cada trabajador.

El pacto alcanzado tiene como objetivo situar a las personas en el centro del proceso de transformación que afronta Telefónica y garantizar la igualdad, la cohesión, la estabilidad en el empleo y el desarrollo profesional en un contexto de «profundos cambios tecnológicos y organizativos».

Además, el ‘marco social’ pactado entre la empresa y los sindicatos se articula en torno a varios ejes estratégicos, en concreto: organización de personas, cohesión territorial, observatorio de inteligencia artificial y empleo, atracción y retención del talento, consolidación de las nuevas formas de trabajo, ‘reskilling’ y ‘upskilling’ e igualdad, diversidad e inclusión.

REDUCCIÓN DE COSTES DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

El nuevo ERE en Telefónica se enmarca en el nuevo plan estratégico de la compañía, que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal.

«En los números que hemos dado de los 2.300 millones (de euros de ahorros) en el 2028, de los cuales casi el 75% son ‘opex’ (gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales), hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos (…) Respecto a la pregunta concreta (sobre un posible ERE), si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores», apuntó el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, durante la presentación del plan el pasado 4 de noviembre.

La comunicación del ERE a los sindicatos este lunes encaja en tiempos para que el acuerdo sobre el mismo se produzca antes de que acabe el ejercicio fiscal actual o muy a comienzos de 2026 para que su impacto no afecte ya a las cuentas del próximo ejercicio.

EL GOBIERNO ABOGA POR EL CONSENSO

Este mismo lunes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que el ERE deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores.

«En relación con Telefónica, te puedo decir que la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos», ha subrayado López en declaraciones a la prensa tras la presentación de un informe sobre el balance del programa ‘Kit Digital’.

El Gobierno posee un 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).