El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido las reformas que está promoviendo el Gobierno en el ámbito judicial para «no cronificar los problemas de siempre», además de subrayar el aumento previsto de plazas de jueces y fiscales.
Lo ha hecho en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia a la clausura de la 39 Asamblea de la Asociación Francisco de Vitoria, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco).
Sobre esta asociación y otras, ha incidido en que desde el Gobierno se colaborará «con discrepancias y diferencias, pero con respeto» de cara a «trabajar de la mano».
Así lo ha expuesto para aseverar que el Ejecutivo central trabaja en «las reformas que necesita la justicia y que son imprescindibles para no cronificar los problemas de siempre».
«Estamos llevando a cabo la mayor transformación en décadas, hemos aprobado las leyes de eficiencia, hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y seguimos trabajando para la nueva ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que hemos aprobado en Consejo de Ministros», ha citado entre otras medidas.
Además, ha incidido en que con la aprobación de la Ley de la Carrera Judicial se va a ampliar «en 2.500 la plantilla de jueces y fiscales». «Nunca ha habido un aumento tan grande», ha recalcado para subrayar que habrá en el caso de mil plazas una regularización extraordinaria con convocatorias en los próximos tres años de otras plazas.
De ellas, 19 serán el primer año para Galicia, hasta alcanzar los 60 en esta autonomía, ha precisado con motivo de su presencia en la ciudad herculina.
«Son soluciones a la reivindicación histórica de aumento de jueces y fiscales», ha insistido para aludir a otras actuaciones como la modificación «estructural» de la planta judicial.
«Los tribunales de instancia dan más agilidad», ha apostillado sobre otra de las medidas y para subrayar que se busca avanzar hacia una Administración de Justicia «del siglo XXI», con transferencia también de fondos, ha añadido, a las autonomías, para digitalizar los juzgados. Esta cuantía la ha cifrado en 19 millones en el caso de Galicia.
