El eurodiputado socialista Nicolás Gonzáles Casares ha cargado duramente contra el Partido Popular Europeo después de que sus votos impidieran el debate sobre el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei y la supuesta manipulación informativa en la Televisión de Galicia (TVG).

Casares, tras tachar el suceso de «indignante», ha acusado al PP de «tapar la boca de la ciudadanía y esconder temas incómodos, tanto sobre un proyecto industrial lleno de sombras como sobre una televisión pública cada vez más alejada del pluralismo y de la libertad de información».

El Partido Socialista, en una nota, expone que, durante la Comisión de Peticiones, los votos populares impidieron que «se trataran dos peticiones presentadas por ciudadanos gallegos». Las solicitudes, según los socialistas, contaban «con los informes técnicos favorables» y cumplían «los requisitos reglamentarios».

A los votos en contra de los populares se les sumaron los de otros grupos de extrema derecha. Una «alianza», la de los distintos partidos conservadores, que Casares tilda de «muy grave».

«El PP no solo ignora las preocupaciones de los gallegos y gallegas, sino que se suma a la extrema derecha para silenciar debates democráticos que deben producirse en las instituciones europeas», agregó el eurodiputado socialista.

La actitud del PP «muestra una deriva autoritaria muy preocupante», según Casares. El eurodiputado aprovechó su intervención para ensalzar el respeto institucional que, a su parecer, «merece Galicia».

«La democracia también se defiende permitiendo el debate. Galicia merece transparencia, pluralismo y participación, no opacidad, manipulación y censura. Y Europa tiene el deber de escuchar a su ciudadanía, también a la gallega», manifestó.

Ambas peticiones, tanto la de Altri como la de la TVG, dispusieron de portavoces para su defensa. La portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá, expuso el «impacto negativo en la calidad de vida» en las comarcas de Ulloa, Terra de Melide y Deza que provocaría el proyecto de la empresa de celulosa.

El presidente del Comité Intercentros de la CRTVG, Santiago Alvite, hizo lo propio con la petición de la TVG. Alvite denunció que «los servicios informativos designados por su dirección incumplen sistemáticamente la obligación legal de garantizar la objetividad, veracidad y pluralismo de la información».

A su vez, criticó el incumplimiento de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales por parte del Gobierno gallego al «no asegurar que los organismos reguladores actúen con imparcialidad y transparencia».