La reforma de la ley gallega de salud encaminada a proteger a los profesionales sanitarios en un escenario en el que las agresiones están al alza castiga la violencia digital de la que pueda ser objeto este colectivo (por parte de pacientes o familiares) y determina que, en casos graves o muy graves, el agresor podrá ser asignado a otro profesional e incluso a otro centro de salud.

También aspira a regular las grabaciones en consulta y sitúa hacerlo sin permiso como un motivo de pérdida de confianza que permitiría al sanitario afectado desligarse del paciente.

Así lo ha han avanzado al término de la reunión semanal del Ejecutivo tanto el presidente gallego, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Ambos han ratificado, como ya se había anunciado que con esta norma, que el jefe del Ejecutivo quiere aprobada «cuanto antes» y, en todo caso, a lo largo de 2026, Galicia será la primera comunidad en incluir a técnicos de emergencias o del 061 dentro del colectivo sanitario a proteger.

De hecho esta modificación legislativa incorpora novedades relevantes en el capítulo de sanciones y, al margen de las infracciones muy graves, que ya estaban contempladas legalmente, se tipifican y se estipulan las multas para leves y graves.

Así, las infracciones leves, como la falta de respeto o el insulto, podrán ser sancionadas con multas que pueden ir de los 300 a los 1.500 euros. En el siguiente escalón, las faltas graves, como amenazas, coacciones o acoso digital, conllevará sanciones que oscilarán entre 1.500 y 3.000 euros.

Las muy graves, agresiones físicas, por ejemplo, o reincidencia en la comisión de infracciones graves en los últimos cinco años, estará penalizado con multas que van de los 3.000 a los 15.000 euros.

Caamaño ha profundizado en las cifras que avalan el alza de la violencia ejercida contra los profesionales de la sanidad y ha explicado que las últimas cifras registradas evidencian que el año pasado 856 profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) comunicaron «algún tipo de violencia».

La mayoría de dichas agresiones fueron «verbales o gestuales» –«más de 500»–, pero también hubo 340 acciones que comportaron, ha dicho el conselleiro, violencia física. Del total, 511 agresiones fueron contra profesionales que trabajan en Primaria y extrahospitalaria, otros 345 actos violentos se produjeron en el ámbito de la atención hospitalaria.

«Independientemente de cómo y dónde se produzca, todo acto de violencia, sea física o verbal, es deplorable. Pero más si cabe si quienes lo padecen son las personas que se dedican a cuidarnos y a velar por nuestra salud», ha zanjado.

(Habrá ampliación)