La Fiscalía Superior de Galicia ha remitido a Ourense la investigación por la decisión de la Xunta de cerrar el paritorio de Verín, a raíz de una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente.
La representante de esta entidad, Carmen Flores, presentó denuncia ante la Fiscalía por la decisión del Gobierno gallego de trasladar a las embarazadas 100 kilómetros de distancia, obligándolas a asumir «un riesgo para su integridad física así como la del bebé».
El escrito del fiscal Fernando Suanzes representa un trámite en el proceso, en el que traslada a la asociación que debe ser la Fiscalía Provincial de Ourense la que asuma las diligencias que considere pertinentes sobre los hechos denunciados.
