La Sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha celebrado este jueves la primera sesión de un juicio por un delito contra la salud pública en el que la Fiscalía solicita nueve años de cárcel y el pago de una multa de 900.000 euros para Martín M.V, el único administrador de la empresa «Negocios ML, SL», que está acusado de gestionar la adquisición de un cargamento de cocaína en Colombia.

El acusado ha asegurado ante el tribunal que él se limitó a comprar 18 palés de cemento cola en el país sudamericano y que la empresa suministradora fue la responsable del envío.

El contenedor fue interceptado en el puerto de Marín, donde los agentes descubrieron que en el interior de los marcos de ambas puertas se encontraban ocultos 36 paquetes de cocaína.

La referida sustancia alcanzaba un peso de 2 kilos, con una riqueza del 74’26 % y otros 20 kilos, con una riqueza del 73’81 %, y el valor que habría alcanzado en el mercado ilícito ascendería, respectivamente, a 76.020 euros y 736.961 euros.

El contenedor fue embarcado el día 22 de julio de 2018 en el Puerto colombiano de Cartagena con destino al Puerto de Marín, figurando como única destinataria del mismo la mercantil del acusado.

Una vez que llegó a tierras gallegas, Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera, en ejecución de un informe de la Unidad de Riesgos, procedieron a su apertura e inspección, comprobando que en el interior de los marcos de ambas puertas se encontraban ocultos 36 paquetes de cocaína.

DESCONFIABA DE LA EMPRESA

Este martes el acusado ha rechazado cualquier vínculo con la droga incautada e insistió en que viajó a Colombia porque desconfiaba de la empresa suministradora del cemento a la que responsabiliza del transporte.

«La mercancía es tuya, pero el contenedor es nuestro», ha repetido el acusado durante la vista oral, refiriéndose a la respuesta que le transmitió la compañía. Así, ha explicado que pagó por ese material de construcción 5.030 dólares y apuntó que ya lo tenía vendido a una firma de Vilagarcía.

Así, ha asegurado que la naviera que le envió la mercancía autorizó a otra empresa, con sede en Valencia y Bilbao, para acceder al contenedor.

Por videoconferencia declaró una responsable de esa empresa intermediaria, que confirmó que no le dejaron acceder a la mercancía hasta el día en el que se produjo la inspección. El juicio se retomará el próximo jueves 12 de diciembre.