El Parlamento de Galicia ha aprobado este viernes la proposición no de ley del Grupo Popular a través de la que se insta a la Xunta de Galicia a defender, «ante las instancias que sean precisas», el equilibrio y la convivencia entre la protección del lobo y las necesidades de los ganaderos, así como seguir defendiendo las acciones de control sobre esta especie teniendo en cuenta el estado favorable de sus poblaciones.

La diputada popular Cristina Campero ha defendido que «no se trata de criminalizar al lobo, pero tampoco de idealizalo como si el rural fuera un decorado para documentales».

En este sentido, ha recordado que la situación actual en Galicia es que existen 93 manadas de lobos, que ocupan más del 90% del territorio, y que los avisos por ataques aumentaron un 77% desde 2021 y solo en el año 2024 se registraron más de 2.800 reses muertas por ataques de este animal.

«La Xunta respeta pero lamenta profundamente la imposibilidad actual de autorizar medidas de control sobre el lobo ante daños recurrentes y acreditados en el ganado», ha manifestado la diputada popular, quien indicó que el Gobierno gallego «ya prepara el recurso frente a la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con argumentos sólidos y base científica».

Entre estos argumentos, ha citado el cambio normativo producido en los últimos meses que excluye al lobo de las medidas de gestión por ser una especie especialmente protegida; los datos recientes, «veraces y técnico-científicos», que acreditan que el estado de conservación del lobo en Galicia es favorable; y el último censo elaborado por la Xunta, que confirma que en la actualidad hay 93 manadas frente a las 90 que existían en 2015.

Cristina Campero ha criticado que el Gobierno de España debe 12 millones de euros a Galicia para apoyar a los ganaderos por los daños causados por el lobo, «una deuda que contrasta con los más de 31 millones de euros que la Xunta lleva movilizados desde 2016 en ayudas para la prevención y conservación de los daños causados por la fauna silvestre en las explotaciones agroganaderas gallegas».

«Lo que pedimos es simple: que se cumpla el procedimiento y que se nos deje trabajar con sentido común, garantizando el equilibrio entre conservación y supervivencia del rural gallego», señaló la diputada popular», ha alegado.

En concreto, ha abogado por «hacer acciones de control proporcionadas, basadas en datos científicos y la realidad del territorio, porque hay que proteger el lobo, pero también hay que proteger a quién vive con el lobo todos los días».