La mujer acusada de haber tramitado de forma fraudulenta subvenciones con un valor total de 102.380 euros, que correspondían a casas del mayor y casas nido, ha aceptado cinco meses de prisión tras llegar a un acuerdo de conformidad.

El juicio, previsto para este viernes en los Juzgados de Santiago, no se ha llegado a celebrar puesto que ambas partes llegaron a un acuerdo.

Tal y como ha explicado el fiscal, se han introducido dos modificaciones: Que la acusada consignó este miércoles los 114.188, 82 euros — el dinero defraudado más los intereses –, importe que deberá ser entregado a la Xunta, y la reducción de la cuota de multa diaria, que pasa de 12 a cinco euros durante un mes — 750 euros en total– .

Asimismo, se han retirado las acusaciones particulares al llegar a un acuerdo judicial. Con la conformidad de ambas partes y de la propia acusada se ha dictado sentencia.

De esta manera, la mujer ha sido condenada a cinco meses de cárcel, una multa con una cuota diaria de cinco euros y el pago de las costas del procedimiento. Además, deberá abonar la suma de 114.188, 82 euros en concepto a la Xunta.

En este sentido, Fiscalía ha informado a favor de la suspensión de la pena por el pago de la responsabilidad civil, durante un plazo de dos años a partir de este jueves. Dicha suspensión puede ser revocada si comete un nuevo delito en este período de tiempo. Ambas partes han manifestado que no recurrirán la sentencia.

LOS HECHOS

Según el escrito de calificación fiscal, en agosto de 2018 la acusada incluyó como socios de una cooperativa a siete personas y les atribuyó una contribución de 200 euros a cada una, lo que no era cierto. Esa acta notarial fue presentada con su documentación adjunta en el Registro Central de Cooperativas de la Xunta.

Con el fin de simular la identidad de dichas personas, creó de forma fraudulenta varias cuentas de correo electrónico, que utilizaba –de forma no autorizada– para relacionarse con la Xunta en expedientes de subvenciones y ayudas públicas.

Las cinco solicitudes que tramitó estaban vinculadas a casas del mayor y casas nido (4 en ayuntamientos de A Coruña y una en Lugo) y resultaron en un total de 102.380, que la Xunta le llegó a conceder, pero no a ingresar. Inspectores de la Administración autonómica detectaron la falsificación de firmas en los expedientes tramitados.