El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha puesto en duda las intenciones de la Xunta de Galicia de combatir el déficit demográfico y la despoblación del rural después de que el Gobierno gallego haya reformulado las ayudas de la Unión Europa a las zonas desfavorecidas y a las zonas de montaña.

Esta «reprogramación», ha explicado el sindicato, de casi la mitad de 1.170 millones de euros, solo se ha ejecutado el 54 por ciento desde 2014 hasta 2020, se suma a la supresión del paritorio de Verín, hechos que, ha denunciado UU.AA., «no» ayudan a mitigar el despoblamiento del rural.

También ha incidido en que estos hechos van en contra «de que ésta iba a ser la legislatura del rural», un mensaje para García claramente «urbanita» porque es en las ciudades donde se quiere concentrar el voto.

García, que ha avanzado que pedirán una reunión «urgente» con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que no cree «conocedor» de esta nueva formulación de ayudas del ‘Programa de Desarrollo Rural de Galicia’, ha concretado que «la primera decisión que toma el Gobierno gallego es pedir a Bruselas una ampliación de ejecución del plazo de tres años y en esa ampliación reprograma cómo va a gastar el dinero que no está ejecutado».

«METERLE MANO EN EL BOLSILLO»

La «segunda» de las decisiones que llama la atención al sindicato es que «en esa autorización que se pide a Bruselas, para decir cómo se va gastar aquello que no se gastó, que las medidas estrella sean la decisión de cómo meterle mano en el bolsillo a las explotaciones de las zonas desfavorecidas y de montaña». Ha señalado a la de Lugo como la provincia más afectada, con más de 11.000 explotaciones.

Además, ha puesto el foco en que «no solo es que suprimirán a partir de 2020 las ayudas de agroambiente y clima, sino también aquellas a todas las explotaciones situadas con limitaciones geográficas, es decir aquellos ganaderos que vivan en ayuntamientos cuya geografía y condiciones de vida son más difíciles, pues ahí se toma la decisión de quitarles las ayudas hasta que venga un nuevo Programa de Desarrollo Rural».

Así, ha comentado García que «si hay casi más del 50 por ciento de los 1.170 millones sin gastar y se toma la decisión de quitar dinero a las explotaciones agroganaderas», «¿a donde va a parar ese dinero?», ha preguntado.

El desvío de esos fondos, «teniendo en cuenta que es un año electoral (2020 elecciones gallegas)», ha indicado el secretario de Unións Agrarias, irán «a empresas de telefonía, que la propia comisión advierte que se están doblemente financiando porque hay programas dentro de la consellería de Industria, y para disfrazar como trabajos de prevención del monte a empresas que en la práctica destinan gastos a la extinción de incendios y no a la prevención».

En la provincia de Lugo, la más afectada, el responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo, ha puntualizado que en este documento de reprogramación, que ya remitió la Xunta a Bruselas, «es que se retiran 22,8 millones de euros de los pagos a zonas desfavorecidas, sobre todo en zonas de montaña, que en Lugo supondrían un recorte de más de 13 millones de euros que tendrían que cobrar estas explotaciones antes del 31 de diciembre de 2020 y que no van a cobrar».

Finalmente, han alertado del «desamparo» en que se van a encontrar las explotaciones de carne dado que, ha sentenciado Roberto García, «es lo que les queda para vivir, esa ayuda comunitaria». De ahí que insista en poner en duda el interés del Gobierno gallego para combatir la despoblación.