La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado la «actitud refractaria» del Gobierno gallego en la acogida de los niños y niñas migrantes que están en «una situación verdaderamente preocupante» en Canarias y le ha recordado sus «competencias» y «obligaciones» en esta materia.

Tras reunirse en A Coruña con la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG), la ministra ha criticado la «actitud refractaria» del Gobierno gallego en la acogida de estos menores pese a que «la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería» incluía que la «propuesta de acogida vinculante y solidaria viniese acompañada de financiación suficiente».

La ministra ha recordado que los sistemas de protección de menores «son una competencia de las comunidades autónomas», que tienen la «obligación» de dotarlos con unas cuantías suficientes.

Por ello, ha criticado que el Gobierno gallego plantee unos presupuestos de 14.300 millones, con rebajas fiscales de aproximadamente unos 800 millones, pero que solo destinan a este sistema «unos 30 millones de inversión».

Para la ministra, este hecho «significa que hay una cuestión de prioridad política» que considera que «es más importante» dejar de ingresar dinero público por «regalos fiscales» que «dotar suficientemente a los sistemas». «Porque estamos hablando de derechos y de servicios públicos», ha incidido.

Además, preguntado por las críticas de la Xunta por lo que considera una falta de comunicación y financiación por parte del Ejecutivo estatal, la ministra ha subrayado que su departamento «está en comunicación permanente» con las comunidades sobre un asunto en el que lleva trabajando «más de un año».

«A lo largo de este año hemos hecho 12 convocatorias de conferencias sectoriales y comisiones sectoriales del Ministerio de Juventud e Infancia en las que han estado todas las comunidades, también Galicia», ha dicho para censurar a estos encuentros llevasen «exactamente cero propuestas».

«Lo único que han hecho las comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluida Galicia, es el bloqueo sistemático a todas las propuestas, indicadores y dotaciones económicas», ha censurado para criticar que «hasta votasen en contra de las órdenes del día».

Por todo ello, ha pedido «un poco más de seriedad» y de «colaboración» entre administraciones publicas. «Y entender que estamos hablando de los derechos de niños y niñas y ponernos a trabajar alrededor de esto», ha afirmado para señalar que el ministerio «no deja de hacerlo» y pedir que «el Gobierno de Galicia empiece a hacer lo mismo».

Por su parte, la responsable de Política Institucional de Esquerda Unida de Galicia, Chus Rodríguez, ha explicado que la formación lleva tiempo «denunciando el bloqueo y falta de interés» de la Xunta en la atención de los menores migrantes.

«El centro de las políticas sociales de cualquier administración tiene que ser la infancia, la adolescencia y la juventud, pero la Xunta se niega a sentarse en estas mesas con el ministerio», ha censurado Chus Rodríguez, que ha censurado que la única solución que pone encima de la mesa el Gobierno gallego sea la apertura de un centro en Monforte de Lemos que puede funcionar como «posible gueto» al apartar a los niños.

Por su parte, Victoriano Escamilla, de la Plataforma POIG ha agradecido la oportunidad dada por la ministra de poder hacer un seguimiento de este asunto y ha puesto en valor la «preocupación por garantizar los derechos de los niños».

Además, ha lamentado el enfrentamiento entre administraciones al asegurar que va «en perjuicio de la infancia».