Asociaciones que representan a pequeños productores en Galicia han manifestado este martes su preocupación por la entrada en vigor de nuevas normativas a nivel estatal y europeo que, según sostienen, suponen «un riesgo real para la continuidad» de los negocios.

En concreto, las reclamaciones se refieren a la obligatoriedad de la factura electrónica, recogida en la Ley Crea y Crece, ya en vigor, y el nuevo Reglamento Europeo sobre envases y residuos de envases (PPWR), cuyas aplicaciones comienzan en 2026.

Por ello, el gerente de la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), Higinio Mougán, durante una rueda en la sede en Santiago, ha incidido en que hay «interés» en que los pequeños productores estén «en la ilegalidad».

«Creo que va a sonar un poco bruto lo que voy a decir: hay una especie de interés en que estemos en la ilegalidad(…) No nos parece la forma de tratar a un pequeño profesional», ha subrayado.

Asimismo, según han trasladado Mougán, la presidenta de ‘Slow Food Compostela’, Leonor Lorenzo, y el creador de la cerveza Toupiña y presidente de la Asociación de Artesáns da Alimentación de Galicia, José Carlos Brea, el problema hoy en día es que los pequeños productores se están dedicando a «papeleo» y no a las producciones.

«Hicimos formaciones para los asociados, de la facturación electrónica y de los residuos de envases. ¿Y qué pasó? Los ponentes de la formación no sabían dar respuestas a las dudas de los asociados. Ahí vimos que la cosa va a ser complicada», ha ejemplificado la presidenta de ‘Slow Food’.

En cualquier caso, Lorenzo también ha insistido en que tras la formación, la mayor parte de los asociados –entre la producción y lo que tenían que hacer de documentación– no tenían tiempo para hacer más. Además, ha explicado que muchos son productores que no tienen presupuesto para, por ejemplo, contratar a un administrativo.

«Ahora que vamos a repetir las formaciones, muchos abandonaron las sesiones diciendo que así no podrían seguir produciendo. Fue cuando decidimos dar voz a este malestar de los pequeños», ha subrayado Lorenzo.

LEGISLACIÓN NO SE ADECUA A LOS PEQUEÑOS

En su calidad de productor y presidente de la Asociación de Artesáns da Alimentación de Galicia, José Carlos Brea ha opinado que las normativas «están bien», pero «están legisladas para grandes empresas» y no son adecuadas a la «singularidad» de los pequeños.

«La mayoría de nosotros, el 98%, quiero recordar, de los asociados, vivimos en una zona rural, prácticamente la mayoría en aldeas. Y al final no se dan cuenta de que nosotros somos los que estamos manteniendo el rural», ha enfatizado.

En esta línea, José Carlos Brea insiste en que, al final, el tiempo que los pequeños emprendedores están dedicando a la producción y transformación, que «debería ser del 100% o 90%», ahora lo están utilizando en un 40% o 50% del tiempo en burocracia y papeleo.

FACTURA ELECTRÓNICA Y REGLAMENTO DE ENVASES

Recogida en la Ley Crea y Crece, la implantación de la factura electrónica obliga a emitir y recibir facturas digitales, conservar registros durante años y emplear únicamente software homologado. Las sanciones por incumplimiento de la norma pueden superar los 50.000 euros por uso de sistemas no certificados o incumplir en la privacidad y seguridad.

Por ello, lo que Agaca, Slow Food, la Asociación Galega de Operadoras Artesanais de Alimentación e Pensos (Agoaap) y la Asociación de Produtoras e Produtores de Ecolóxicos de Galiza (Proecogal) sostienen es que el impacto de dicha normativa será «especialmente grave» en las pequeñas empresas.

A esto se suma la entrada en vigor, en 2026, del sistema VeriFactu, que prohibirá el uso de programas como Word o Excel.

Del mismo modo, el reglamento de envases se interpreta desde las asociaciones como una «carga inasumible» para producciones pequeñas. El nuevo reglamento europeo (PPWR) impone el rastreo individualizado, diseños multilingües y sistema de retorno, que para las asociaciones suponen un «elevado coste económico» para los empresarios que producen en lotes pequeños.

PROPUESTAS

Asimismo, las asociaciones han formulado algunas propuestas que trasladaron a la Presidencia de la Xunta, a la Delegación de Gobierno y a los ministerios de Hacienda y Transición Energética.

En los escritos, transmitieron la necesidad de una «aplicación gradual y adaptada a las normativas, con períodos de transiciones realistas»; «exenciones o reducciones de tasas para operadores de baja facturación y producción local»; y «formación, apoyo técnico y ayudas económicas para facilitar la adaptación, sin que esto suponga más burocracia».

En esta línea, lo que solicitan es más «claridad normativa y armonización entre las exigencias europeas y estatales», además de inversiones en infraestructuras digitales que garanticen una conexión fiable en el rural, y una diferenciación clara entre industria y pequeños productores.