El Gobierno provincial de Ourense presentará en la Comisión de Facenda, el próximo miércoles y para posterior debate en el pleno de octubre, un «expediente de modificación de crédito» por un importe superior a 6,2 millones de euros.

Tal y como ha informado este viernes la Diputación, la propuesta se basa en que casi la totalidad del presupuesto, unos 6,1 millones de euros, han sido distribuidos en ayudas a los ayuntamientos afectados por los incendios que afectaron con parte de la provincia durante el verano.

Según afirma la entidad, además de sanar la destrucción por los fuegos, los recursos también se destinarán a servicios municipales y a necesidades especiales de financiación. El órgano provincial explica que los valores han sido distribuidos siguiendo «criterios objetivos y homogéneos».

Por ello, el presidente de la Diputación, Luis Menor, ha incidido en que esta modificación se encuentra dentro de las limitaciones que imponen las reglas fiscales «reactivadas por el Gobierno central en 2024».

También ha explicado que esto implica que de los 24 millones de euros remanentes de tesorería generado en la institución provincial, solo se puede utilizar algo más de 6 millones.

RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURAS

En esta línea, el Gobierno provincial subraya que esos recursos «permitirán atender a las necesidades de los ayuntamientos en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos básicos o instalaciones deportivas». Al mismo tiempo, destaca que esto implica que las subvenciones propuestas estén en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Asimismo, ha destacado la Diputación que en el expediente se incluyen los compromisos adquiridos correspondientes a las anualidades de este año del plan de residencia para mayores, cofinanciado por la Xunta. En concreto, la construcción de centros en A Peroxa (250.000 euros); Vilamarín (100.000); y Carballeda de Avia (más de 57.000).

CRITERIOS DE REPARTO

El reparto de estos más de 6,1 millones de euros, según el Gobierno provincial, se basa en tres criterios. El primero consiste en el porcentaje en función de la superficie quemada, que va desde los 100.000 euros para los municipios más afectados, hasta los 55.000 euros para aquellos que resultaron afectados en menor medida.

En segundo lugar, la modificación establece una distribución lineal en función de la población de cada ayuntamiento, con cantidades que van desde los 30.000 euros para los municipios que tienen menos de 1.000 habitantes; 40.000 euros para los que tienen entre 1.000 y 5.000 habitantes; y 50.000 euros para los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.

Finalmente, el tercer criterio empleado en el reparto de los recursos se refiere a las necesidades especiales de cofinanciamiento que tienen los ayuntamientos para proyectos en cuya ejecución participan otras administraciones.