El Consello Galego de Universidades ha abordado este lunes el anteproyecto de Ley de reconocimiento de la Universidad Intercontinental de la Empresa, la entidad de estudios superiores privada planteada por la Fundación Galicia Obra Social-Afundación. A pesar de contar con informe «favorable» de este organismo, las tres instituciones académicas públicas de Galicia han plasmado su oposición a esta iniciativa y han votado en contra del texto.
La mayoría de miembros del Consello ha apoyado el anteproyecto presentado en la reunión, presidida por la conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar. Sin embargo, el texto ha cosechado ocho votos en contra, entre ellos los de las tres universidades públicas gallegas, que ya habían mostrado reticencias al proyecto.
En declaraciones a Europa Press, el rector compostelano, Antonio López, ha considerado que este proyecto es «lícito», pero que la institución se ha mostrado contraria porque la propuesta «ni mejora ni complementa» al sistema universitario público, que es el que se encuentra «mejor» situado «para atender las necesidades del alumnado».
Javier Ferreira, el gerente de la USC, estuvo en el encuentro para trasladar la postura de la institución. Según ha explicado, las tres universidades gallegas decidieron manifestarse «en contra» en un momento en el que urge «reforzar» el sistema público «desde todos los puntos de vista».
«Creemos que tal y como está conformado ofrece una respuesta más que suficiente a las demandas de la sociedad», ha señalado, una situación que ha quedado patente en el último proceso de selectividad, con «cerca de mil plazas vacantes».
A mayores, se ha referido a la oferta académica que plantea el proyecto de universidad privada, que contaría inicialmente con cuatro grados, cuatro másteres universitarios y dos programas de doctorado.
Ferreira ha asegurado que esta «no genera complementaridad» con los títulos actuales y que «en muchos casos» se trata de títulos que se podrían ofertar desde las instituciones públicas.
En el caso de «los más singulares», como podrían ser aquellos del ámbito informático, Ferreira ha considerado que el hecho de que se oferten desde el sector privado «restringiría el acceso a estos títulos a una élite económica», un modelo que no es el deseado por parte de las universidades públicas.
PRECEPTIVO, PERO NO VINCULANTE
La Xunta, por su parte, se ha limitado a valorar el informe «favorable» del CGU y ha recordado que se trata de un trámite preceptivo más, «pero no vinculante».
A partir de ahora, el proceso para el impulso de la universidad privada tendrá que pasar por el Consello da Xunta como paso previo a su tramitación parlamentaria.
El anteproyecto lleva en exposición pública desde el mes de septiembre. La actividad académica de esta institución se centraría en dos áreas de conocimiento: las ciencias sociales y jurídicas y la ingeniería y arquitectura.
Con sede en Santiago de Compostela, sus campus académicos se instalarán en A Coruña y Vigo, y expedirá títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en las modalidades presencial y semipresencial; un sistema propio de becas y ayudas al estudio en consideración del expediente de los estudiantes y de sus circunstancias personales, para el que destinará el 15% de los ingresos totales obtenidos anualmente.
REVOCACIÓN DE TÍTULOS
Entre otros temas, el Consello Galego de Universidades también ha abordado la revocación de 22 titulaciones, debido a la falta de oferta de plazas, a no alcanzar el mínimo de alumnos establecido, la extinción del plan de estudios por la autorización de un nuevo título, entre otras.
Por otro lado, se ha dado luz verde a la desadscripción del Centro Español de Nuevas Profesiones de la Universidad de A Coruña y a al creación del Instituto Universitario de Investigación Interdisciplinar de Tecnologías Ambientales (Icretus) de la USC.
