La concejala del Grupo Municipal Socialista de Santiago, Marta Abal, ha reclamado al Partido Popular y al Gobierno de Santiago, presidido por la alcaldesa Goretti Sanmartín, «que dejen de lado las peleas y se pongan a trabajar de verdad en políticas de vivienda pública».

Y es que este martes el Consistorio compostelano ofreció a la Xunta la cesión de dos parcelas más para destinarlas en exclusiva a vivienda pública en régimen de alquiler. Todo ello después de que, en días pasados, la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, enviase una carta a la alcaldesa para interesarse por las parcelas UER5 del SUNP-5 (A Muíña) y PR4 del SUNP-4 (As Cancelas), en las que se pueden construir 62 y 18 viviendas, respectivamente.

El Ayuntamiento propuso, complementariamente a la cesión, que la Xunta pusiese en marcha un programa autonómico de inversión en adquisición y rehabilitación de inmuebles también con destino a vivienda pública en alquiler para compensar la pérdida de patrimonio de la población compostelana. A esta propuesta, Allegue le respondió a Sanmartín que ceda gratuitamente todas las parcelas para la construcción de vivienda protegida «sin condiciones». Además de estas dos parcelas qeu resultaron vacantes del concurso convocado para su venta, el Ayuntamiento está en trámites para ceder otras tres a la Xunta.

En este contexto, Abal ha criticado la «falta de actuación» de la Xunta, «administración con competencias exclusivas en materia de vivienda», y ha advertido que «el PP no construyó en Santiago ninguna sola vivienda protegida en los últimos anos».

Además, la edil socialista ha remarcado que el Gobierno local «debe ponerse las pilas y actuar con agilidad en la cesión gratuita» de las parcelas, ya que «la demanda de vivienda de alquiler accesible no puede esperar».

Para el PSOE local las condiciones que proceden son dos: «Que todas las viviendas sean de protección pública permanente; y segundo, que la mayoría se destinen a alquiler a precios accesibles, de modo que el coste de arrendamiento no supere el 30% del salario de las personas inquilinas».

«Santiago necesita colaboración y voluntad política, no confrontación ni excusas», ha concluido la socialista.