El proyecto de ley de Protección da saúde das persoas menores e prevención de conductas adictivas continúa su trámite parlamentario –tras ser rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el BNG — en un acalorado debate marcado por los disturbios en Cangas, Israel y el premio Nobel a María Corina Machado. La Xunta ha reivindicado la «vanguardia» de una ley «pionera», que para la oposición representa un «ambiguo brindis al sol».

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido este martes en el Pleno del Parlamento el proyecto, destacando que con él Galicia se convertirá «en un ejemplo a seguir a nivel estatal y europeo», ya que será la primera comunidad en establecer los mismos límites para menores a las bebidas energéticas que al alcohol y también en equiparar los vapeadores al tabaco.

El proyecto de Ley presentado cuenta con 67 artículos agrupados en siete títulos. Entre ellos, el título II regula la publicidad de alcohol y bebidas energéticas y amplía los espacios libres de humo. Sobre esto, no estará permitido fumar ni vapear en piscinas ni en marquesinas de transporte público ni en un radio de 50 metros de centros docentes, sanitarios y edificios de la administración pública.

«Esta ley no pretende restringir libertades, sino garantizar el derecho a respirar aire limpio y a crecer en un entorno saludable», ha remarcado.

Con el objetivo de «acompañar y no culpar» a menores que abusan del alcohol o de otras drogas, el título III establece un protocolo sanitario y social en estos casos. «Cuando un menor llega a urgencias con una intoxicación no necesita un castigo, necesita ayuda», ha incidido.

Gómez Caamaño ha destacado la creación de la Comisión de Coordinación en materia de prevención de las adicciones de los menores y conductas aditivas. La comisión estará integrada por distintas consellerías, ayuntamientos y representantes de entidades sociales y se encargará del estudio, coordinación y asesoramiento en materia de prevención.

Por otro lado, ha negado que a los ayuntamientos se les cargue con más responsabilidades ya que, por ejemplo, la inspección recogida en el título VI se llevará a cabo por las administraciones autonómica y locales, cada una en el campo de sus competencias.

Por último, en cuanto a infracciones y sanciones, el título VII detalla las conductas prohibidas, las sanciones que implican y la posibilidad de sustituir sanciones por educativos.

BNG: «CELERIDAD EN UN PROYECTO AMBIGUO»

La diputada nacionalista Montse Prado ha abierto su intervención como portavoz del grupo enmendante aludiendo al conflicto entre Israel y Gaza y al recientemente anunciado Nobel de Paz a María Corina Machado, «una fascista que llama a invadir su propio país».

«El BNG no está de ese lado de la historia», ha afirmado, haciendo referencia también a los disturbios ocurridos en Cangas, Moaña y Bueu por la subida de la basura contra el gobierno del ente supramunicipal –integrado por los respectivos gobiernos de del BNG, PSOE y EU–.

Sobre esto, ha denunciado la actitud del grupo popular, «incapaz» de condenar «estos actos inaceptables y violentos contra cargos públicos institucionales, no espontáneos, sino fomentados por cargos del Partido Popular».

Ya en cuanto a la ley, ha censurado la celeridad «apresurada» en la tramitación de un proyecto «tremendamente ambiguo». «Hay cuestiones que prohíben sin especificar a quién y hay otras que son un revuelto legislativo», ha señalado.

Aunque consideran que la base del proyecto es «muy loable» y aborda cuestiones en las que los nacionalistas están «totalmente de acuerdo», señalan que no se puede llevar a cabo sin medios concretos.

Ha valorado también que el proyecto se centra más en castigar y «criminalizar» que en prevenir y, a este respecto, ha lamentado que no se incluyan referencias a la salud sexual, teniendo en cuenta que es una ley que se dirige a los menores de 18 años.

Otro de los puntos criticados, también por otros grupos, es la carga y responsabilidad que se deriva a los ayuntamientos. Defiende que la Xunta «diagnostica» un problema, pero sobre él «hay que actuar: poner medidas, recursos, profesionales».

Por su parte, el diputado por Democracia Ourensana, Armando Ojea, se ha avanzado su abstención para dejar avanzar el proyecto, pero sí ha criticado el peso que se carga sobre los municipios. Augura que será una ley de «papel mojado» o, «por lo menos, de papel muy húmedo»; «un brindis al sol».

«PROPAGANDA Y PUBLICIDAD» PARA EL PSDEG

La diputada socialista, Elena Espinosa, también en esta línea, ha afirmado que «no es una buena ley», ya que «presenta limitaciones que dificultarán su plena efectividad». Ha admitido que la necesidad de una normativa como esta, «está clara», pero ha cuestionado su contenido por «ambiguo y confuso».

«Creemos en una educación sanitaria y en fomentar los estilos de vida saludables, pero en este proyecto de ley se habla poco de prevención, formación, educación e información, y creemos que pesan mucho más las prohibiciones, las multas y las sanciones», ha lamentado.

Ha avanzado también que los socialistas presentarán enmiendas para que la ley «sirva realmente para fortalecer las políticas de prevención y garantizar que cada niño gallego crezca con las mismas oportunidades de bienestar y desarrollo».

Considera que es un ejercicio de «propaganda y publicidad», ya que se trata de un documento «poco trabajado» y «carente de compromisos y criterios de evaluación». «A lo mejor es consecuencia de la carrera que pretende la Xunta para que la ley esté aprobada antes que la del Gobierno de España, que está tramitando en estos momentos una norma sobre la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en los menores», ha señalado.

PPDEG: «DEBER MORAL DE PROTECCIÓN»

Por último, la diputada del PP, María Encarnación Amigo, ha defendido el proyecto y ha recordado que «la mitad de los adolescentes de 14 a 18 años ha consumido bebidas energéticas en el último mes, y un número creciente las mezcla con alcohol; al tiempo que el consumo de vapeadores y cigarros electrónicos crece a un ritmo alarmante».

«Ante esta situación, no podemos mirar para otro lado y tenemos el deber, legal y moral, de proteger a las generaciones más jóvenes frente a riesgos que pueden comprometer su desarrollo físico, emocional y social», ha indicado.

«Esta ley nace para prevenir antes de curar, para educar antes de sancionar y para acompañar antes de estigmatizar», ha manifestado la portavoz popular.

Ante las críticas por falta de concreción, la diputada ha defendido que se trata de una ley ‘marco’, que luego se concretará en planes y programas. «Pedir más concreción aquí es demostrar no entender el funcionamiento legislativo, algo que no sorprende de un partido sin experiencia de gobierno», ha señalado, en referencia al BNG.

Tras el debate parlamentario y antes de proceder a la votación, ha intervenido el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, para apuntar que «creía» que algún diputado popular sí había condenado los hechos ocurridos en Cangas. Al hilo de esto, el popular Gonzalo Trenor ha pedido la palabra para reiterar que sí lo había hecho, que había «condenado toda la violencia en política».

Los nacionalistas han pedido la palabra para protestar por la intervención de Trenor, algo que ha provocado un rifirrafe entre el grupo del BNG y el presidente de la Cámara, que ha acabado zanjando el tema para abordar la votación.

La enmienda a la totalidad no ha sido aprobada, por lo que el proyecto de ley sigue su trámite parlamentario habitual.