El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que apliquen la Ley de Vivienda para poder contener los precios.

«Les da palancas para poder intervenir en un sector tan importante que es ahora mismo, según algunos datos, el origen del 60% de la desigualdad de nuestro país, que es la imposibilidad de poder acceder a una vivienda», ha subrayado Sánchez en una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha criticado que comunidades y ayuntamientos como los de Madrid no están aplicando la Ley de Vivienda, al igual que otras administraciones gobernadas por el PP, «por criterios ideológicos, por dogmatismo y sectarismo».

«Allí donde se está aplicando, por ejemplo en Cataluña y en particular, por poner el caso de una gran ciudad como es Barcelona, hemos visto cómo se ha ido reduciendo ese incremento en el precio del alquiler y en el precio de compra de vivienda. Pero son apuestas que se tienen que sostener en el tiempo», ha afirmado.

El presidente ha asegurado que su Gobierno está «cambiando el paradigma de las políticas de vivienda».

«Hasta ahora prácticamente ha habido leves intentos en administraciones progresistas anteriores por intervenir el mercado de la vivienda. Yo siempre pongo el caso de la intervención que hicimos en el mercado energético con la guerra de Ucrania, cuando teníamos inflación de dos dígitos, del 10%. ¿Qué hicimos? Intervenir el mercado de la energía. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con el mercado de la vivienda», ha explicado.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno está impulsando la construcción de vivienda protegida e impidiendo que esa vivienda protegida pueda ser vendida a fondos buitres, «como ha ocurrido bajo administraciones del Partido Popular».

Además, ha recordado que se han puesto en marcha otras medidas para contener los precios, como el registro de viviendas turísticas o la eliminación de las ‘golden visa’, que permitía a ciudadanos no comunitarios obtener un permiso de residencia a cambio de una inversión, como la compra de bienes inmuebles, por un valor mínimo de 500.000 euros.