La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que ha convocado a sindicatos y empresarios el próximo 20 de octubre para iniciar la negociación para reformar el despido en España.

Durante su intervención en los ‘Desayunos Informativos de Europa Press’, la ministra ha asegurado que esta reforma del despido no va de si la indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado ó de 45 días –como recogía anteriormente la legislación–, sino de la lógica indemnizatoria.

«El concepto es que hay que indemnizar siguiendo la estela, de lo que llevamos pleitos en el ámbito civil, de la lógica indemnizatoria, que es el daño emergente y el lucro cesante.

Y esto tiene singularidades propias, no es lo mismo que despidan a un trabajador cuando se encuentra, a lo mejor, próximo a la jubilación, que a un joven o una joven con muchísima formación y capacidad y dinamismo de incorporación y demás», ha apuntado.

Díaz ha denunciado que, hasta ahora, con gobiernos del PP y del PSOE, siempre se ha tocado el despido «para hacer el mal» y, en cambio, ha recalcado, ésta será la primera reforma del despido que se haga «en cumplimiento de la legalidad europea y que no haga perder derechos a los trabajadores españoles».

Sobre la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la posibilidad de otorgar indemnizaciones adicionales en despidos improcedentes más allá de la cuantía tasada legalmente (33 días por año trabajado), Díaz ha agradecido al Alto Tribunal que reconozca que esta discusión es fuente de derecho europeo, porque en fallos anteriores aseguraba que no era de aplicación directa en España.

Pese al fallo, dictado el pasado mes de julio, tres magistrados del Supremo formularon votos particulares defendiendo la posibilidad de establecer compensaciones complementarias en determinados casos cuando el despido era improcedente.

El Comité Europeo de Derechos Social (CEDS), con sede en Estrasburgo, ha condenado a España por la insuficiencia de la indemnización por despido improcedente, al considerar que no es una compensación «plenamente resarcitoria y disuasoria» para el trabajador, infringiendo así el artículo 24 de la Carta Social Europea ratificada por España.

«La reforma que vamos a hacer tiene que ver, obviamente, con una fuente de derecho que es singularmente europea y que nosotros vamos a cambiar», ha indicado la ministra al respecto.

SUBIDA DEL SMI: PREFIERE UN ACUERDO CON CEOE AUNQUE EL SMI SEA MENOR

Por otra parte, en relación a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, Díaz ha afirmado que le «encantaría» que la CEOE se sumara esta vez el acuerdo –no lo ha hecho en los últimos cinco años–. De hecho, ha asegurado que prefiere un acuerdo «con un salario mínimo menor, que uno más alto sin acuerdo».

«Si la patronal entra, mi palabra es clara. Garamendi (presidente de la CEOE) no protesta por el SMI, sabe que está más que asumido. (…) Decir que no hay que subir el salario mínimo es un disparate. Pero no lo disputa, porque sabe perfectamente que no hay problema con eso. La cuestión es si decide representar el papel institucional que tiene, mejorando y ayudando a sus empresas, como legítimamente lo hacen los sindicatos con los trabajadores, o hace un papel que es más partidario que de defensa del tejido empresarial», ha indicado.

Díaz ha afirmado que el mandato que ha dado a la comisión de expertos que le asesora en la subida del SMI, actualmente situado en 1.184 euros al mes por catorce pagas, es que su cuantía ha de cumplir con el 60% del salario mediano neto. «Y si tributa, no cumplimos», ha añadido.

Por eso le ha encargado a los expertos que calculen dos cuantías, una teniendo en cuenta su posible tributación y otra, sin ella. «Si va con tributación subiremos una cuantía, si va sin tributación subiremos otra y, de esta manera, evitamos otro tipo de consideraciones», ha subrayado.

Díaz ha afirmado que se le ha pedido a los expertos que tengan en consideración otros aspectos para la subida del SMI del año próximo, como los derivados de los márgenes empresariales.

Sobre la negociación con los agentes sociales para la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, la ministra ha indicado que ahora mismo España es el único país de la Unión Europea que revisa el salario mínimo acompañado de una comisión de expertos, decisión que se va a «institucionalizar» en la normativa española para que la revalorización de esta renta mínima siempre cuente con los trabajos previos de una comisión de expertos.

«Por ley vamos a señalar que esa decisión tiene que acompañarse de una comisión de expertos. Vamos también a modernizar la definición de salario mínimo», ha dicho la ministra, que ha recordado que se va a mantener, tal y como está actualmente recogido en el Estatuto de los Trabajadores, la posibilidad de revisar semestralmente la cuantía del SMI para que no pierda poder adquisitivo respecto al IPC.