La alcaldesa de A Bola, Teresa Barge (PP), asegura que los vecinos de este pequeño municipio de la provincia de Ourense «están tranquilos», pese a haber descubierto que un nuevo habitante en la aldea de San Pedro es Antonio Gali Balaguer, quien cumplió condena por tres asesinatos, porque comprobaron que este septuagenario «no tiene la movilidad suficiente como para perseguir a nadie», aunque agrega un llamamiento: «hay que tener cuidado».

En declaraciones a Europa Press, la regidora de este municipio ourensano de poco más de un millar de habitantes, explica que Antonio Gali Balaguer, quien ya cumplió sus condenas, alquiló una vivienda en marzo y el ayuntamiento tuvo conocimiento después de que vecinos del pueblo avisasen de la llegada de un nuevo residente que «se encontraba con dificultades de movilidad», que se había trasladado a un inmueble «viejo», en el cual «había que ver si reunía las condiciones» de habitabilidad.

Barge cree que la casa «se vendió en su día por Internet», después de que los herederos de los propietarios originales, que «viven fuera», la publicaran, y sostiene que «la posibilidad de acercarse aquí» se debe a haber «cumplido condena en A Lama».

«Los vecinos, buenos vecinos, estaban colaborando con él. Es el instinto de buena vecindad al ver que igual esta persona necesitaba ayuda, fuimos hasta allí, y al ver el nombre en el buzón nos sonaba, buscamos en Internet y salió todo», ha explicado Barge, tras relatar que «al principio, los vecinos estaban ayudándole a subir la comida a casa».

En esta línea, también uno de los vecinos de la aldea, consultado por Europa Press, ha comentado que «entre todos» tenían previsto «comprarle una nevera». Ahora, lamenta, se enfrentan a una «publicidad nefasta» que «es un golpe para el pueblo». «Preocupados no estamos, él no sale casi nunca», ha añadido.

DISPOSITIVO «DISUASORIO»

Fue entonces cuando el Ayuntamiento comprobó datos y lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, para que el cuerpo «averiguara si había cumplido la condena y no era un fugitivo», y tomar así «las medidas de vigilancia que permite la ley».

Medidas que se fundamentan, informa, en una «presencia disuasoria» de las fuerzas de seguridad, a través de la vigilancia de la zona, que no seguimiento, para que «no haya alarma social» y para «alertar a los vecinos de que tomen las debidas precauciones», es decir, «no ir a su domicilio» y «no acercarse demasiado»

La alcaldesa detecta sí detecta «inquietud» en el pueblo, pero tras las «numerosas visitas» que han recibido y que «alteran su vida cotidiana». «No nos lo imaginábamos ni en nuestras peores pesadillas. Es una película de terror», ha añadido.

Por eso, ha asegurado que el Ayuntamiento se encuentra «en comunicación constante con los vecinos» por si «se genera algún altercado» o «molesta a alguien».

Asimismo, la regidora ha avanzado que este miércoles convocará una rueda de prensa en el salón de plenos del Ayuntamiento, para «zanjar de una vez este tema» y «continuar con la vida cotidiana».

«Este ayuntamiento tiene muchos valores y mucho mérito, y no queremos que esté constantemente o que se le haga eco por esto», ha subrayado y ha añadido que, tras ser el municipio «que más creció en porcentaje de población» en el año 2024 gracias a «ser reserva de la biosfera» y a sus servicios «buenos y de calidad», «no es plan de salir sólo por un tema tan raro, excepcional y tremendo».

LOS CRÍMENES

Según recoge la última sentencia contra Antonio Gali Balaguer, consultada por Europa Press, fue condenado a 19 años de prisión en el año 2009, después de que, el 21 de noviembre de 2005 cometiese su crimen más reciente.

En concreto, Balaguer recogió cerca de la Alameda de Ourense a una mujer que «estaba ejerciendo la prostitución» con su vehículo, tras solicitar sus servicios sexuales. La llevó a una carretera cercana al municipio de Maside y «con ánimo de acabar con su vida», la agarró con fuerza con ambas manos por el cuello hasta ocasionarle la muerte por asfixia.

Asimismo, el veredicto establece que Gali Balaguer la llevó a «un paraje solitario y deshabitado» para que «no pudiese recibir ningún tipo de auxilio» y «sin que tuviese posibilidad de defenderse». La mujer tenía dos hijos mayores de edad que convivían con ella.

Además, la sentencia informa de que el hombre tiene antecedentes penales, puesto que fue condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza a una pena de 64 años de reclusión mayor por dos delitos de asesinato y abusos deshonestos, extinguiéndose la condena el 24 de abril de 2014.