La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la aprobación este martes del real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

«Había un real decreto que establecía cuáles eran los requisitos para las universidades, pero las comunidades autónomas se lo han saltado a la torera», ha subrayado Morant, quien ha apostado por obligar a las autonomías a tener en cuenta la acreditación de las agencias de calidad.

Así lo ha manifestado este martes Morant en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado el real decreto que modifica el real decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

Hasta el momento, el informe emitido por las agencias de calidad era preceptivo pero no vinculante, emitido por los técnicos del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades y se sometía al Consejo General de Política Universitaria.

«Y aún siendo desfavorable, las comunidades autónomas cogían ese informe, lo tiraban al cajón y aprobaban la universidad igualmente», ha asegurado Morant, que ha explicado que el nuevo decreto hace vinculante el informe de calidad.

En su intervención, ha culpado a las comunidades autónomas de la falta de plazas en las universidades públicas y ha criticado la proposición de Ley de Ciencia y Universidades presentada por la Comunidad de Madrid, «una de las comunidades que peor financia a sus universidades públicas».

«Algunas de las mejores universidades de España están en la Comunidad de Madrid y están siendo absolutamente maltratadas. Esta nueva ley es la última estocada del gobierno madrileño y empieza a resonar en Madrid lo que está pasando con la Administración de Trump con universidades como Harvard o Columbia», ha advertido.

La ministra ha cargado contra la Comunidad de Madrid por pretender exigir, con su nueva ley, a las universidades públicas que «capten esos fondos que necesitan de manera externa y con un volumen no menor, el 30%, por obligación de fondos externos».

Morant ha culpado a las comunidades autónomas del aumento de alumnos en las universidades privadas y del estancamiento en la pública.

En su opinión, esto no ocurre porque los estudiantes prefieran ir a la privada: «La primera opción del estudiantado en nuestro país sigue siendo la universidad pública, pero las universidades públicas no tienen suficientes plazas debido a la infrafinanciación autonómica».

«Nuestros jóvenes piden una plaza en una universidad pública. Las universidades solo pueden ofrecer un número limitado de plazas, lo que les permite la financiación que reciben por parte de su comunidad autónoma. Esto hace que las notas de corte cada vez sean más elevadas», ha asegurado.

La ministra ha mostrado su preocupación porque en un futuro va a «volver esa España en la que se podrá estudiar o no en función de si la familia lo puede pagar».

Por ello, ha instado a las comunidades autónomas a financiar «de manera adecuada» a sus universidades públicas» y les ha exigido que «pongan como prioridad la financiación en la universidad pública».

Ante esta situación, Morant ha defendido que el Gobierno de España, con la aprobación del nuevo real decreto, «actúa». «Consideramos imprescindible asegurar y exigir la calidad de las universidades y, especialmente, de aquellos proyectos privados que están surgiendo para aprovechar la oportunidad de negocio que supone la asfixia en la universidad pública», ha señalado.