Galicia y otras 11 comunidades autónomas han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una carta en la que proponen mejoras en la gestión del sistema de Certificados de Ahorro Energético.

Este instrumento, conocido como CAE, permite desde 2023 avanzar en eficiencia energética y sostenibilidad, y a las empresas no solo reducir su consumo energético, sino también optimizar sus inversiones mediante una rentabilidad adicional al generar un mercado secundario.

La misiva a la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética la firman junto a Galicia, Baleares, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Madrid, Aragón, La Rioja y la Región de Murcia.

«El sistema CAE es una herramienta innovadora y eficaz para canalizar inversiones hacia la eficiencia energética, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los planes autonómicos y la Directiva de Eficiencia Energética», explican las autonomías, que son las que tienen las competencias de gestión de este mecanismo.

Precisamente los costes –sobre todo en materia de personal– inducidos por esta gestión son los que centran parte de la reclamación autonómica al Ministerio. «La gestión ha supuesto una carga técnica y administrativa creciente derivada de la verificación documental, emisión de certificados, control de trazabilidad y coordinación con el Ministerio», explicó el director general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Federico Miralles, que firma la carta junto a sus homólogos.

«A diferencia de otros programas de incentivos para actuaciones de eficiencia energética, en los CAE no se ha previsto financiación específica para los gastos indirectos de personal, asistencia técnica o sistemas de información, por lo que solicitamos presupuesto de apoyo económico específico a las autonomías, financiado con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética», señaló Miralles.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA LA EMISIÓN DE INFORMES

Además, las comunidades también han pedido que se amplíen los plazos para la emisión de informes autonómicos, actualmente de 15 días para actuaciones estandarizadas y de 30 para las singulares. «Nosotros, como gestores autonómicos, debemos revisar y validar los expedientes y emitir en su caso los CAE correspondientes a la cantidad de ahorro de energía con una verificación favorable», apuntó el director general.

«Estos plazos resultan claramente insuficientes, en especial en periodos de alta carga administrativa, vacaciones, bajas de personal o concursos de traslados, y más aún en actuaciones de mayor complejidad técnica de tipo singular», añadió Miralles, por lo que se ha propuesto ampliarlo a 30 días hábiles para las actuaciones estandarizadas y a 45 para las singulares.