Anova, la formación que promovió el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras tras su marcha del BNG, considera «evidente» que la Constitución «y su Régimen», el de 1978, «entró en una fase de crisis terminal que podrá dilatarse más o menos en el tiempo, pero que hace urgente abordar política y socialmente».

Así lo expresa este partido a través de un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación este 6 de diciembre, día en que se celebra el 41 aniversario de la Carta Magna.

Desde su fundación en 2012, según subraya, esta organización hace un «diagnóstico claro» sobre los «síntomas de agotamiento del Régimen salido de la llamada transición española».

«El documento legislativo sobre el que se sostiene este régimen es producto de la etapa reformista que se abrió después de la muerte del dictador Franco y la llamada apertura democrática», advierte.

Ese texto, concebido y redactado «por unos pocos hombres de aquel contexto histórico continuista con el aparato represor del franquismo», aspiraba a su juicio a «favorecer una democratización de las instituciones y de la economía, garantizando libertades y derechos, además de diseñar una estructura judicial y administrativa que acercara al Estado español a los estándares democráticos del espacio europeo».

Desde su análisis, Anova entiende que la Constitución «abordaba el problema del encaje de las naciones y la descentralización política y administrativa a través de una solución intermedia entre el histórico centralismo y las pulsiones centrífugas de la tradición federal».

Así llegó a «la síntesis del estado de las autonomías», en su opinión «diseñado en un actual y fácticamente moribunto título VIII».

Por otra parte, señala que «definía el papel de una Corona impuesta por el régimen anterior, y las relaciones de privilegio con la Iglesia católica, además de reservarle al Ejército un papel predominante en las decisiones últimas que afectan a la soberanía».

«MUY DIFÍCIL DE ADAPTAR»

La Constitución de 1978, para Anova, contempla procedimientos de reforma «muy rígidos» que la hacen «un documento muy difícil de adaptar a los tiempos cambiantes».

Critica además que «fue empleada en los últimos tiempos como un arma arrojadiza y de parte, convirtiéndola en un texto sacralizado y dividiendo a la ciudadanía entre ‘constitucionalistas’ y ‘no constitucionalistas».

Desde la que denominan «crisis-estafa de 2008», lamenta que «fue más patente la sintomatología del agotamiento y los límites de la narrativa consensual proviniente de la Transición».

«Todo aquello referido a la vivienda, a la subordinación de la economía al interés general y la democratización contrasta con la dura y desigual realidad en el día a día de una amplia mayoría de ciudadanos», advierte.

Por su parte, «el papel de árbitro y moderador» de la institución «arcaica y antidemocrática» como es a su entender la Monarquía «quedó también en evidencia en los últimos tiempos».

Por último, censura el «grave retroceso» y la «incapacidad» del Estado para dar soluciones democráticas «al conflicto político por vías dialogadas y racionales» en lo tocante al «encaje jurídico-político de las naciones».

Por todo esto, Anova avisa de que seguirá «impulsando» para «abrir esas cerraduras y esos horizontes democráticos a favor de las clases populares».