El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido de que su Gobierno seguirá exigiendo el rescate y el traspaso de la AP-9, al considerar que es el momento adecuado y que hay estudios económicos «bien hechos» que avalan que rescatar la infraestructura es «menos costoso» que mantener el sistema de concesión hasta que finalice el plazo en 2048.
Rueda ha agradecido la disposición del Gobierno central a «facilitar» el traspaso de competencias de aeródromos y permisos de trabajo a extranjeros, además de constatar que es «un cambio total» con respecto «a la declaración de independencia que decían que era la ley del litoral», luego avalada por el Tribunal Constitucional.
«La actitud es diferente. Veremos en qué queda porque es muy fácil hablar, después hay que demostrarlo», ha esgrimido el presidente gallego, quien, sobre la AP-9 ha remarcado que el traspaso de la titularidad «lo apoya o apoyaba» el PSdeG en la Comunidad.
Pero ha recordado que en campaña los socialistas gallegos también prometieron «la gratuidad» de la autopista y, posteriormente, no hubo «absolutamente nada» ni de dicho compromiso ni del traspaso en cuestión.
En esta coyuntura, se ha reafirmado en que la Xunta continuará insistiendo en el rescate de esta infraestructura.
Además del aval «prácticamente unánime de la sociedad gallega», y de considerar que es el momento adecuado (Bruselas ha cuestionado la prórroga autorizada en su día por el Gobierno que dirigía José María Aznar), Rueda ha argumentado estudios económicos «bien hechos» que ratifican que ese paso sería «menos costoso» que mantener el sistema hasta el fin de la concesión.
Finalmente, ha concluido que el recurso de inconstitucionalidad por la ley de medidas en relación a los preceptos que se refieren a la nueva regulación eólica y a la equiparación del grado de dependencia y discapacidad, no evidencian «muy buena voluntad» por parte del Ejecutivo central, «sino más bien todo lo contrario». «Espero que se pueda solucionar», ha aseverado.
SANCIONES POR LA LEY DEL CLIMA Y BEBIDAS ENERGÉTICAS
En otro orden de asuntos, ha sido preguntado acerca de por qué –frente a lo que se planteaba inicialmente– la Ley del Clima descarta ahora multar a los ayuntamientos que incumplan. El presidente ha respondido que la Asesoría Xurídica determinó que «tenía falta de viabilidad jurídica».
«Fue una indicación de la propia Asesoría», ha insistido, antes de incidir en que a eso se debe su redacción al margen de que «se pueda encontrar en el trámite parlamentario algún tipo de fórmula que permita alguna vía». «Pero si los ayuntamientos se van a desentender porque no hay posibilidad de meter una sanción económica, creo que no es ese el camino, ni muchísimo menos», ha manifestado.
Sobre las alegaciones contra el proyecto que convertirá al veto de bebidas energéticas a menores que planea la Xunta, el presidente ha defendido que este tipo de decisiones se adoptan «escuchando a todo el mundo».
«Y respetando lo que pueda decir una parte (de los implicados) y de todas las circunstancias que concurren, las opiniones científicas y los expertos tienen pocas dudas», ha argumentado, para concluir que, aunque su Gobierno respeta lo que considere el sector, está «obligado a velar por la salud pública».
