La sesión ordinaria del Pleno de Vigo celebrada este lunes ha sido suspendida momentáneamente debido a las protestas de trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que reclaman mejores condiciones laborales, protocolos para garantizar la seguridad y más inversión en el servicio.

El momento se produjo después del debate y la votación de una moción presentada por el BNG para reclamar mejores condiciones en ese servicio. La moción fue rechazada, al contar solo con los votos favorables del grupo municipal nacionalista, la abstención del PP y el voto contrario del PSOE.

Tras esa votación, las trabajadoras del SAF presentes en el salón del pleno alzaron carteles reivindicativos y corearon consignas como «¡Trabajo de cuidados, con derechos y salarios!», «No somos esclavas, somos trabajadoras» o «Ayuntamiento culpable, Xunta responsable».

Ante las protestas, la primera teniene de alcalde, Carmela Silva, que en ese momento presidía la sesión, decidió suspender la sesión y ordenó a la Policía Local que desalojase a las trabajadoras y representantes sindicales.

Minutos después, al reanudarse el pleno, la propia Carmela Silva explicó que, aunque los trabajadores y sindicatos «tienen todo el derecho del mundo» a manifestar su malestar y sus reivindicaciones, no pueden «insultar», y ha denunciado que se produjeron «insultos, incluso violentos» de representantes de la CIG hacia concejales de la Corporación, a los que se acercaron «en tono amenazante».

Según ha incidido, lo ocurrido ha sido «absolutamente antidemocrático» y ha vaticinado que volverán a vivirse situaciones como ésta de aquí a las elecciones municipales de 2027, comportamientos «provocados por el BNG», algo que ha tildado de «intolerable» y que es la forma de actuar de los «totalitarios», que «solo genera violencia».

Carmela Silva ha instado a mostrar «otro tipo de comportamientos», porque ya hay «sobrados» ejemplos de «violencia política» por parte de la ultraderecha.

Con todo, la presidenta del Pleno ha querido matizar que la «violencia verbal» que llevó a desalojar el salón fue ejercida por «hombres» de la CIG, «sindicato hermano del BNG», y no por las representantes femeninas del colectivo, que «no llevaban la voz cantante». «Este Pleno no va a consentir esa forma de violencia verbal que quieren impregnar en la sociedad», ha advertido.

Ante las protestas del portavoz del grupo nacionalista, Silva le ha recordado que «le falta mucho para poder presidir el Pleno» y, cuando Pérez Igrexas apuntó que la presidencia de la primera teniente de alcalde era «accidental», la concejal socialista le espetó: «Ya sé que hombres como usted nos consideran a las mujeres un accidente».

MOCIÓN DEL BNG

La moción a debate, presentada por el BNG instaba a la Xunta a revertir los recortes en la financiación del SAF, dotando al servicio de presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de las personas usuarias y para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, así como a reducir los tiempo de espera en la valoración de la dependencia, aumentando la inversión por persona.

El grupo nacionalista también reclamaba acabar con las «políticas privatizadoras» y aumentar el número de horas autorizadas para el SAF de Vigo, o adoptar medidas en favor de la prevención de riesgos y para garantizar la seguridad.

Asimismo, se reclamaba al Ayuntamiento que atienda las demandas del comité de empresa y que actualice el reglamento municipal para poder, entre otras cosas, suspender el servicio en caso de situaciones de riesgo, activando un protocolo específico y garantizando un mayor control sobre las condiciones de prestación. También pedía estudiar la prestación a través de una empresa pública municipal, entre otras propuestas.

En su intervención, la concejal de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, ha denunciado que la Xunta «hace caja» con los fondos que el Gobierno le transfiere para mejorar las políticas sociales, y ha responsabilizado al PP de los recortes en este tipo de servicios. Mientras, el concejal ‘popular’ Fernando G. Abeijón, ha acusado a unos y otros de «mentir», y ha defendido que la Xunta ha aumentado los presupuestos para políticas sociales, reprochando al Gobierno de infrafinanciar servicios como el SAF.